29 de marzo de 2017 00:00

Tres procesados por viajes a Panamá

En la gráfica: Gustavo Gaethe (c), abogado de Pareja, y Paúl Ocaña (der.), defensor de Escobar, en una diligencia. Foto: Archivo/EL COMERCIO

En la gráfica: Gustavo Gaethe (c), abogado de Pareja, y Paúl Ocaña (der.), defensor de Escobar, en una diligencia. Foto: Archivo/EL COMERCIO

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Javier Ortega
Redactor (I)
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El expediente tiene 30 cuerpos y poco más de 3 000 páginas. Allí aparecen todas las diligencias que la Fiscalía ha ejecutado desde noviembre pasado, en el caso de delincuencia organizada en Petroecuador.

Reposan, por ejemplo, reportes migratorios del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli y de su exasesor, Arturo Escobar. Con base en esos informes, la Fiscalía asegura que los dos exfuncionarios viajaban juntos o en vuelos separados hacia Panamá, en donde Pareja Yannuzzelli activó su empresa ‘offshore’ Capaya, el 18 de febrero del 2013. Esa es la principal causa por la cual se los acusa de ese delito.

Dos meses antes, el 13 de diciembre del 2012, fue creada Escart, la ‘offshore’ vinculada a Arturo Escobar. Las dos compañías eran administradas por familiares de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, quien también acompañaba a Pareja y a Escobar a Panamá.

Con esos elementos, la Fiscalía procesó a los tres exfuncionarios por delincuencia organizada, un delito que según el Código Integral Penal (art. 369) se juzga con penas de entre siete y 10 años de cárcel.

Ayer, 28 de marzo de 2017, incluso, personal de la Corte Nacional confirmó a este Diario que sobre Pareja y Escobar ya hay un trámite activo para extraditarlos de EE.UU.

El requerimiento llegó el viernes pasado, desde la Unidad Penal de Quito, en donde se ventila el proceso por delincuencia organizada. Tres días antes, esa oficina judicial conoció un informe ejecutivo suscrito por el coronel Marco Sarabia, jefe de la Oficina Central Nacional Interpol-Quito, en el que se informaba que el exministro de Hidrocarburos y su exasesor fueron localizados en Estados Unidos.

¿Qué dice el COIP sobre la delincuencia organizada? En el art. 369 se precisa que en ese delito incurren aquellos sospechosos “que mediante acuerdo o concertación forman un grupo estructurado de dos o más personas para financiar, ejercer el mando o planificar actividades de una organización criminal, con el propósito de cometer más delitos”.

¿Hicieron eso Pareja Yannuzzelli, Bravo y Escobar? La Fiscalía considera que sí. Y asegura que los viajes a Panamá eran bajo la fachada de “asuntos personales”. Sin embargo, detrás de esas salidas “existirían acuerdos concertados para perpetrar el delito”.

Ayer, este Diario habló con Gustavo Gaethe, abogado de Pareja. El jurista cuestionó la investigación fiscal y advirtió que “no ha habido coherencia ni consistencia” en las evidencias . “En enero, en la formulación de cargos por delincuencia organizada, no se presentaron elementos suficientes para vincular (a mi cliente).

Será muy difícil que se demuestre el delito (en el juicio)”, dijo.
Gaethe advirtió que está a la espera de la audiencia preparatoria de juicio para desvirtuar la tesis de la Fiscalía. Esa diligencia aún no está agendada, pero podría darse en abril.

Paúl Ocaña es el abogado de Escobar. Ayer, el jurista también desvirtuó la indagación fiscal y aclaró que a su cliente se lo vinculó en este caso solamente porque voló en el mismo avión con otro de los procesados en este caso. “No hay ninguna prueba”, sostuvo.

Además, los dos defensores señalaron que la extradición ya es un trámite que corresponde únicamente a los gobiernos de Ecuador y EE.UU.

La semana pasada, este Diario conoció que Franklin Bravo, quien manejaba la investigación, había dejado esa institución y que aún no asignaban a un nuevo agente. Pero la tarde de ayer se supo que la fiscal Diana Moya lleva ahora el caso.

En este proceso no solo son indagados Pareja, Bravo y Escobar. También están Marco Calvopiña y Diego Tapia, ex­funcionarios de Petroecuador, y el contratista Eduardo Valderrama. El 11 de noviembre del 2016, ellos fueron detenidos en Quito y en Esmeraldas.

En la capital, los uniformados intervinieron las casas de Calvopiña y de Tapia y confiscaron USD 300 000 en efectivo, escondidos en bodegas, techos y equipos electrónicos. Ayer, Ramiro Román, abogado de Tapia, esperaba que se fijara la fecha para la audiencia.

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