El juez penal, Giovanny Freire Coloma, sobreseyó a cuatro personas que eran investigadas dentro del caso de corrupción dentro de la estatal Petroecuador.
En esa lista están Reymond Falcon Jr., represante de Worley Parsons; Marcelo Robalino, exgerente de Refinación de Petroecuador; Carlos Quinde, exsuperintendente de la Refinería de Esmeraldas; y José Castillo, extécnico.
En su fallo, el juez Freire aseguró que durante la audiencia preparatoria de juicio en contra de los cuatro sospechosos no hubo acusación de la Fiscalía y tampoco la acusación particular de Petroecuador.
En este mismo caso hay tres exfuncionarios de la estatal petrolera y un contratista que sí fueron llamados a juicio, pues la Fiscalía sí acusó y presentó pruebas en su contra.
Ellos son: Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo (ambos fueron gerentes de Petroecuador), Diego Tapia, exgerente de Refinación y el contratista Jorge Vivar Quintero.
Este caso se abrió luego de que la Contraloría enviara el 16 de noviembre del 2016 el informe DASE 0074-2016 con indicios de responsabilidad penal a los procesos precontractual, contractual, de ejecución, supervisión y liquidación de contratos hechos con la empresa Jorge Vivar: Servicios de Ingeniería Mecánica Cia.
Según la Contraloría, en abril del 2015 Petroecuador firmó con esa compañía pese a que se encontraba inhabilitada para participar en el proceso de contratación.
Durante el proceso de adjudicación, Jorge Vivar Cia presentó una oferta técnica y un presupuesto referencial de USD 23,3 millones, para la recuperación de condensados en la Refinería. La oferta fue evaluada por Worley Parsons, fiscalizadora del proyecto.
En un informe firmado por Falcon Jr. se recomienda la adjudicación del contrato a la empresa Jorge Vivar Cia.
Finalmente se firmó un contrato por USD 27,1 millones.
Esto significa un incremento del 16% de la misma propuesta.
La Contraloría dijo que el informe de la fiscalizadora no incluyó un análisis de los precios unitarios y tampoco justificó económica ni técnicamente el valor del proyecto.
Por eso solo había precios generales. Otro problema que detectado por la Contraloría es que la propuesta técnica de la contratista no se ajustaba a una ingeniería de detalle. El organismo de control aseguró que tampoco contaba con la ingeniería básica conceptual.
Por eso sostuvo que la lista de materiales era solo “estimada”.
En la función judicial se detalla que Petroecuador sí presentó una acusación particular el 24 de mayo. Pero el juez encargado Patricio Baño no la calificó, pues se excusó de conocer este caso.
Tras aclarar que no había una acusación particular, el juez Freire, quien es el titular de la causa, dictó sobreseimiento sin presentar una consulta a un fiscal superior.
El caso Petroecuador estalló luego de que en abril del 2016 se conocieran los denominados Papeles de Panamá, en el que se filtraron documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca.
Allí aparecieron propiedades de empresas, activos, ganancias, evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial.
También aparecieron nombres de ecuatorianos que tenían ‘offshore’ en Panamá.