30 de septiembre de 2014 21:09

Procesados por el 30-S admiten el ‘desgaste’ emocional por los juicios

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Redacción Seguridad

Las historias de los procesados por el 30-S son casi las mismas. Se les ha dificultado conseguir empleo, sus familias padecen secuelas físicas y psicológicas; otros contrajeron deudas para pagar abogados... Cuatro años han transcurrido y la Fiscalía investiga 54 casos.

Uno es por el ingreso a las instalaciones del canal estatal Ecuador TV y siete personas son procesadas por presunto sabotaje y destrucción de bienes públicos. María Alejandra Cevallos y Paúl Camacho, de 28 y 37 años, son indagados por aquel incidente.

Ella cuenta que su hija sufre las secuelas del juicio. “Todos los días me pregunta si voy a ir presa”. Para Camacho, lo más difícil fue saber que su abuelo sufrió un infarto al conocer que había sido detenido. Ambos no descartan la posilibidad de pedir un indulto al presidente Rafael Correa luego de la audiencia de casación pendiente en la Corte Nacional de Justicia. “Es importante reconocer, a pesar de que no participé en los disturbios del canal, que sí fue imprudente ingresar a las instalaciones”, señala Cevallos.

Camacho admite que envió una carta a la Presidencia de la República en la que solicita la posibilidad de un indulto.

Lo mismo viven los militares en servicio pasivo de la FAE, procesados por la toma de la Base Aérea en Quito. Ellos llevan carteles en los que resaltan que no son terroristas, sino exuniformados que han servido al Ecuador.

El martes pasado, ellos se reunieron en el parque La Carolina para contar sus casos. El suboficial Humberto Chichande los dirige y afirma que sus familias son el apoyo emocional que le ha permitido afrontar el juicio por supuesta paralización de servicios públicos. Al principio, 225 soldados fueron indagados, pero la Fiscalía General emitió dictamen acusatorio contra 75 de ellos.

El coronel Rolando Tapia todavía guarda los uniformes que utilizaba cuando era oficial activo de la Policía Nacional. Él estuvo detenido dos años por supuestamente atentar contra la seguridad del Estado. Él actualmente se dedica a actividades particulares y afirma que su familia ha sufrido las secuelas del juicio que afrontó.

Otro procesado es el mayor del Ejército en servicio pasivo, Fidel Araujo. Él dice que su madre se ha enfermado por el juicio que afrontó por el 30-S. No puede conseguir empleo y actualmente vive de su pensión de militar retirado.

Coronel Rolando Tapia
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