7 de septiembre de 2017 21:33

Otro procesado se suma al caso de supuesto tráfico de influencias en la empresa Etapa de Cuenca

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Lineida Castillo

El proceso judicial por supuesto tráfico de influencias que involucraría a exfuncionarios de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa) de Cuenca avanza.

Este jueves 7 de septiembre del 2017 el juez de Garantías Penales, José Peralta, acogió el pedido de la Fiscalía y vinculó a Santiago S. como presunto cómplice del hecho que se investiga.

Todo empezó en mayo del 2017 cuando el edil y miembro de la Comisión de Fiscalización del Concejo Cantonal, Cristian Zamora, denunció supuestas inconsistencias en la adjudicación del contrato para la ampliación de la planta de agua potable de Tixán, a un consorcio por un monto de USD 9,6 millones, sin IVA.

Tras la denuncia, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) encontró que la empresa municipal adjudicó ese contrato a familiares directos de un alto funcionario, violentando la Ley que prohíbe la contratación con empresas cuyos accionistas mantengan vínculos de consanguinidad con los integrantes de la comisión calificadora o los representantes legales de las entidades públicas.

El caso pasó a la Fiscalía y las investigaciones corroboraron que los dueños de la empresa ganadora de la licitación son familiares (tío y primo) de un alto funcionario del departamento de agua potable.

La Fiscalía formuló cargos contra el exgerente de Etapa, dos exfuncionarios y dos contratistas. Todos están con prohibición de salida del país y de enajenar bienes.

En junio de 2017 se dictó la prisión preventiva del exgerente de Etapa y fue detenido cuando intentaba salir del país, pero un mes después recobró su libertad.

Con la vinculación de Santiago S., exsubgerente jurídico de Etapa, al proceso judicial suman seis las personas indagadas. A él se lo acusa de emitir el informe jurídico de que no existían inhabilidades para adjudicar y suscribir el contrato con la firma ganadora.

Por eso es procesado en calidad de cómplice. El juez Peralta también dispuso que Santiago S. se presente cada ocho días en la Fiscalía y la prohibición de salida del país.

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