22 de November de 2009 00:00

Pro forma y política

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Gonzalo Maldonado Albán

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Desde su aparecimiento, el petróleo ha causado más mal que bien a la sociedad ecuatoriana. La prueba más reciente de aquello es la Pro forma elaborada por el Ejecutivo para el año 2010.

El problema no solo está en sus cifras estratosféricas -se estiman ingresos petroleros por encima de los USD 8 000 millones- o en los supuestos poco conservadores sobre los que se sustenta. Aquel documento tiene una limitación más seria: articula el crecimiento económico solo en el
gasto fiscal.

La Pro forma 2010 revela que el Gobierno piensa restar más protagonismo al sector privado -restándole ingresos a través de mayores impuestos- para aumentar el peso del Estado en la economía. Se trata de una estrategia que ha probado ser poco eficaz para crear empleo o para fomentar la inversión. El estancamiento productivo que vive el país es la muestra más palpable de aquello.

Si el masivo gasto fiscal no le ha servido a este Gobierno para mejorar el bienestar de la población ecuatoriana ¿por qué insiste en hacer lo mismo el próximo año? Porque es la forma más fácil e inmediata de no sufrir tanto desgaste y mantenerse en el poder.

Un estilo de Gobierno basado en el clientelismo -es decir, en la compra de adhesiones políticas con base en  contraprestaciones económicas o sociales- ahorra capital político al Régimen de turno porque los procesos de diálogo y negociación con las facciones en conflicto se reducen a una cosa: a determinar el monto de dinero que el Estado debe darles para que se callen.

Se trata, sin embargo, de una estrategia riesgosa porque la compra de apoyo o silencio no elimina el desacuerdo inicial que originó la protesta de determinado sector social. El conflicto político solo se oculta, no desaparece.

De esta forma, la legitimidad del Régimen empieza a depender cada vez más de su flujo de caja y cada vez menos de su habilidad para convencer con argumentos.  Esto es perjudicial para la democracia ecuatoriana porque todo el proceso de ‘razonamiento social’ -basado en el debate y la persuasión- queda trunco.

El ejemplo más craso de todo aquello es la forma apresurada con la que se están aprobando leyes de gran trascendencia para el país. De forma deliberada, la mayoría gobiernista evita los debates y, lo que es peor, impide que la oposición incluya cambios que puedan mejorar las propuestas legislativas. El Régimen cree que las tensiones que esas leyes puedan crear entre los distintos sectores afectados las podrá resolver a su favor con dinero.

¿Qué pasará cuando el gasto fiscal sea tan grande que simplemente ya no pueda ser financiado? Para ese momento, tal vez el Gobierno actual esté terminando su gestión y otro nuevo deberá asumir los costos de aquellos errores.

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