Mónica Orozco. Coordinadora (I)
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó hoy, 12 de noviembre del 2014, el informe sobre la Pro forma presupuestaria 2015 que deberá ser conocido por el Pleno, previo a la votación definitiva del documento.
El Legislativo tiene hasta fines de este mes para analizar el documento. Este no propone cambios al documento presentado por el Ejecutivo. El informe establece, en términos generales, que la Pro forma cumple con los preceptos constitucionales respecto al financiamiento de los gastos permanentes (salarios, etc.) y de inversión (infraestructura, maquinaria, etc.).
El borrador, además, señala que considerando el monto de las necesidades de financiamiento en el 2015, unos USD 8 806 millones, aún no se ha llegado al límite de endeudamiento establecido en la Carta Política que señala que este no deberá superar el 40% del Producto Interno Bruto.
La cifra incluye USD 5 716 millones de déficit (es decir, los gastos son mayores que los ingresos) y USD 3 090 millones en gastos de amortización de deuda pública (pago de la deuda pública).
Para cubrir ese hueco fiscal, Finanzas ha identificado 22 fuentes de financiamiento entre multilaterales, gobiernos amigos y bancos privados internacionales.
La deuda pública representará entre el 30 y el 30,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015, explicó Finanzas.
Según datos de Finanzas, a agosto pasado, la deuda externa representó el 26,3% del PIB.
El asambleísta del Movimiento Concertación, Ramiro Aguilar, señaló su preocupación por 35 proyectos de inversión por USD 1208 millones que podrían ser, en realidad, gastos corrientes o permanentes.
El mayor riesgo, dijo, es que al contabilizarlos como gastos de inversión podrían ser financiados con deuda, lo cual está prohibido por la Constitución.
Pero asambleístas oficialistas, los proyectos que tienen que ver con educación, salud y talento humano son gastos de inversión.