16 de febrero de 2017 17:22

Privados de libertad sufragaron en 20 provincias; más de la mitad de juntas no tuvo de delegados de grupos políticos

En el Centro de Reclusión de Mujeres de Quito, 28 mujeres privadas de libertad ejercieron su derecho al voto. Las papeletas las colocaron en un sobre cerrado para luego colocarlas en las urnas. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

En el Centro de Reclusión de Mujeres de Quito, 28 mujeres privadas de libertad ejercieron su derecho al voto. Las papeletas las colocaron en un sobre cerrado para luego colocarlas en las urnas. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Jorge González

Poco más de la mitad de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) habilitadas este 16 de febrero del 2017 para las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriadas no tuvieron presencia de delegados de partidos y movimientos políticos.

Así lo afirmó la tarde de este jueves el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, en Guayaquil. En una rueda de prensa explicó que el 49% de las 71 juntas receptoras que se instalaron en 38 Centros de Rehabilitación Social (CRS) de 20 provincias del país.

Comentó que un total de 110 delegados estuvieron en las provincias de Morona Santiago, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, Los Ríos, Esmeraldas, Pastaza, Manabí, El Oro y Sucumbíos.

“El 51% de Juntas Receptoras del Voto no tuvo presencia de delegados de las organizaciones políticas, que no acreditaron y esto es absolutamente voluntario”, agregó.

Pozo indicó que el proceso electoral se lo realizó sin contratiempos. Un total de 10 230 personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriadas estuvieron en el registro electoral. En Guayas se concentró el mayor número: 5 766.

Se prevé que al final de este 16 de febrero se conozca el porcentaje de personas que emitieron su voto voluntario.

El directivo añadió que el escrutinio de esos votos se los realizará el próximo 19 de febrero, día de las elecciones generales. Mientras tanto, dijo, los sufragios serán custodiados por las Fuerzas Armadas.

Pozo también se refirió a las denuncias de que ciudadanos extranjeros estarían empadronados pese a que no cumplen con el requisito de residencia de cinco años en el país. Refirió que el registro electoral se conformó con los datos proporcionados por el Registro Civil y que de haber un caso debe ser notificado al organismo electoral.

“Tendría que presentarse el reclamo para revisar cada caso de forma puntual e inmediatamente hacer la contestación. Nosotros no podemos contestar sobre supuestos porque no tenemos la documentación para que sea analizada”, anotó.

Sobre una “denuncia pública” del movimiento Creo respecto a supuestas irregularidades en los kit electorales, Pozo desestimó cualquier tipo de manipulación de los mismos y afirmó que existen garantías para el próximo proceso.

“Eso es absolutamente falso, lo que les pedimos es que vayan a las Juntas Receptoras del Voto y que vean el material que llega, en qué condiciones llega y que puedan hacer esa denuncia en la práctica viendo lo que está pasando”, dijo.

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