4 de marzo de 2016 19:12

Cuatro meses de prisión y multa económica para cuatro indígenas que participaron en levantamiento 

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Lineida Castillo

Tras dos horas de audiencia de juicio, que se realizó este viernes 4 de marzo de 2016, cuatro indígenas de Cañar, fueron acusados de paralizar los servicios públicos. En la sentencia se fijó cuatro meses de reclusión y el pago de cuatro salarios básicos por cada uno de los demandados.

Miguel Cazho, Manuel Pichisaca, Manuel Guamán y Jesús Falcón fueron detenidos en Cañar durante el levantamiento indígena de agosto del 2015, que apoyó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador en contra del Gobierno.

Con ellos también detuvieron a cuatro mujeres de Cañar y tres hombres de las parroquias de Zhud y Chorocopte. Para las primeras no se encontró pruebas que las involucren, mientras que los otros tres obtuvieron la libertad, pero los procesos judiciales continúan.

Los indígenas judicializados están acusados de paralizar un servicio público, como es el cierre de la vía, establecido en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal. La audiencia fue reservada y se cumplió en el Segundo Tribunal de Garantías Penales del cantón Cañar, en el sur del Ecuador.

Afuera del edificio quedaron familiares y dirigentes indígenas de organizaciones como la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Campesinas de Cañar que llegaron para acompañar.

Según el abogado, Manuel Guamán, sus defendidos se acogieron al Procedimiento Abreviado para agilitar el proceso. “No son culpables de ningún delito, pero frente a una justicia politizada que recibe órdenes superiores, con el procedimiento ordinario no quedarían libres”.

En la audiencia, los implicados también solicitaron verbalmente que se cambie la reclusión de cuatro meses por trabajo comunitario, contemplado en los derechos de los pueblos y nacionalidades. Pero la respuesta a ese pedido se conocerá en una nueva audiencia, dijo Guamán.

Por su parte, la dirigente Nina Pacari, quien llegó a Cañar, cuestionó la política de criminalización hacia la protesta social. “El derecho a la resistencia está contemplado en la Constitución y tratados internacionales. Es lamentable lo que pasa en nuestro país. Hay juicios similares en Saraguro y Puyo seguidos contra más de 30 indígenas”.

En cambio, Anastasio Pichizaca, presidente de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Campesinas, defendió a sus compañeros y reivindicó las causas por las que apoyaron la paralización de aquella época como la Ley de Agua, el cierre de las escuelas, por la educación intercultural bilingüe

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