13 de January de 2010 00:00

La prisión para las injurias se cayó antes de ser debatida

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Redacción Política

Los miembros  de la Comisión de Justicia de la Asamblea  realizaron ayer un  cambio de último momento a su informe sobre las reformas a los códigos Penal  y de Procedimiento Penal.
   
Dichos integrantes  reconocieron que “era un peligro”  entregar  a un juez la potestad de  dictar  prisión preventiva en los casos de injurias no calumniosas. 
 



Lo que no pasó
La Comisión de Justicia  rechazó la propuesta de Madera de Guerrero para aplicar la detención obligatoria. Este medida servía para impedir la salida  de reos  por no ser sentenciados. Según la Comisión, esa idea viola  derechos humanos y jurídicos.   
También descartó el pedido  del Ejecutivo para que sea considerado un delito penal que un empleador no asegure en el IESS a sus trabajadores. La Comisión dijo que esos conflictos deben ser conocidos por el área Laboral.    
Otra propuesta  que  se rechazó es la penalización por los juegos de azar. Esa propuesta se presentó luego del escándalo de Invermun, por supuestas coimas a funcionarios del Régimen. Entonces, antes de que sea debatido el artículo 10 del informe que entregaron al Pleno de la Asamblea, decidieron eliminarlo. Esa noticia la dio el asambleísta Mauro Andino (A. País), delegado de la Comisión, para hablar sobre el trabajo de ese organismo.

En su discurso, justificó el porqué se consideró esa medida. Dijo  que  la Comisión  pensó que ese sería un camino para terminar con la impunidad en esos casos, pues el acusado no se presentaba  a las audiencias y con eso suspendía  el trámite de los juicios.

Sin embargo, aclaró que los comisionados decidieron eliminar esa propuesta para evitar malos entendidos. “El tema es   delicado y que se ha prestado para varias interpretaciones. Por eso, la Comisión, que  se reunió antes del debate,  decidió que el tema no será considerado en el informe para segunda y definitiva instancia”.

Finalmente, aseguró que se tomó esa decisión para evitar que la reforma judicial sea politizada. 

Desde marzo del año pasado, los  cambios a los códigos penales  que aprobó el ‘Congresillo’ -de mayoría de Alianza País- han sido un dolor de cabeza para el oficialismo. Especialmente, por la enmienda de la figura legal del hurto, por  la aplicación de medidas alternativas a la prisión y porque entorpeció el trámite judicial.
 
Desde esa fecha se ofreció  modificar rápidamente los artículos que causaron molestias. Para cumplir con ese objetivo, 13 proyectos se presentaron en la Secretaría de la Asamblea.   

Entonces, la Comisión de Justicia, que inició su trabajo en septiembre último, realizó un depuración de las propuestas. 

En los casos de  los hurtos,  la idea de la Comisión  es cambiar radicalmente  la decisión  del ‘Congresillo’. Ese organismo dispuso que ese tipo de robo no sea conocido por un fiscal cuando el perjuicio sea menor de USD 651. Además, que debían ser tramitados por  comisarios, hasta que se creen los juzgados de contravenciones.
  
Ahora se pretende que el hurto mayor a USD 21 sea conocido  e investigado por un fiscal.

Adicionalmente, se pidió regular la potestad de los jueces para dictar  medidas alternativas a la prisión  para  detenidos por  delitos con  muerte, violación, contra la administración pública, etc.
 
Otro cambio que se propuso es la depuración de  los recursos judiciales que puedan plantear  los acusados  y  que son usados para frenar el trámite de los juicios.

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