Redacción Política
Los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea realizaron ayer un cambio de último momento a su informe sobre las reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal.
Dichos integrantes reconocieron que “era un peligro” entregar a un juez la potestad de dictar prisión preventiva en los casos de injurias no calumniosas.
Lo que no pasó
La Comisión de Justicia rechazó la propuesta de Madera de Guerrero para aplicar la detención obligatoria. Este medida servía para impedir la salida de reos por no ser sentenciados. Según la Comisión, esa idea viola derechos humanos y jurídicos.
También descartó el pedido del Ejecutivo para que sea considerado un delito penal que un empleador no asegure en el IESS a sus trabajadores. La Comisión dijo que esos conflictos deben ser conocidos por el área Laboral.
Otra propuesta que se rechazó es la penalización por los juegos de azar. Esa propuesta se presentó luego del escándalo de Invermun, por supuestas coimas a funcionarios del Régimen. Entonces, antes de que sea debatido el artículo 10 del informe que entregaron al Pleno de la Asamblea, decidieron eliminarlo. Esa noticia la dio el asambleísta Mauro Andino (A. País), delegado de la Comisión, para hablar sobre el trabajo de ese organismo.
En su discurso, justificó el porqué se consideró esa medida. Dijo que la Comisión pensó que ese sería un camino para terminar con la impunidad en esos casos, pues el acusado no se presentaba a las audiencias y con eso suspendía el trámite de los juicios.
Sin embargo, aclaró que los comisionados decidieron eliminar esa propuesta para evitar malos entendidos. “El tema es delicado y que se ha prestado para varias interpretaciones. Por eso, la Comisión, que se reunió antes del debate, decidió que el tema no será considerado en el informe para segunda y definitiva instancia”.
Finalmente, aseguró que se tomó esa decisión para evitar que la reforma judicial sea politizada.
Desde marzo del año pasado, los cambios a los códigos penales que aprobó el ‘Congresillo’ -de mayoría de Alianza País- han sido un dolor de cabeza para el oficialismo. Especialmente, por la enmienda de la figura legal del hurto, por la aplicación de medidas alternativas a la prisión y porque entorpeció el trámite judicial.
Desde esa fecha se ofreció modificar rápidamente los artículos que causaron molestias. Para cumplir con ese objetivo, 13 proyectos se presentaron en la Secretaría de la Asamblea.
Entonces, la Comisión de Justicia, que inició su trabajo en septiembre último, realizó un depuración de las propuestas.
En los casos de los hurtos, la idea de la Comisión es cambiar radicalmente la decisión del ‘Congresillo’. Ese organismo dispuso que ese tipo de robo no sea conocido por un fiscal cuando el perjuicio sea menor de USD 651. Además, que debían ser tramitados por comisarios, hasta que se creen los juzgados de contravenciones.
Ahora se pretende que el hurto mayor a USD 21 sea conocido e investigado por un fiscal.
Adicionalmente, se pidió regular la potestad de los jueces para dictar medidas alternativas a la prisión para detenidos por delitos con muerte, violación, contra la administración pública, etc.
Otro cambio que se propuso es la depuración de los recursos judiciales que puedan plantear los acusados y que son usados para frenar el trámite de los juicios.