6 de January de 2010 00:00

El primer debate se dio sin sobresaltos

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Redacción Política

El proyecto de  ley de Comunicación superó ayer su primer debate en la Asamblea. Fue en el marco de un acuerdo político entre la oposición y el oficialismo que ha logrado avanzar pese a las críticas del presidente Rafael Correa. 

La redacción de esta propuesta arrancó el 15 de septiembre con la creación de una Comisión ocasional que debía presentar el  documento base de discusión. 

112 días
han pasado desde que arrancó  el trámite del proyecto de ley de Comunicación.

Han pasado 112 días desde entonces, en cuyo debate   varios legisladores han tenido un singular protagonismo. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, encabezó un acuerdo que resultó inédito desde la llegada al poder de Alianza País hace tres años.  La bancada oficialista y los partidos de oposición armaron un consenso para replantear un proyecto inicial que había  sido cuestionado por sus vacíos legales y los peligros que entrañaba para las libertades de expresión y de prensa.

Ayer, Cordero mantuvo la armonía en el Pleno   que parecía diluirse  por los constantes ataques entre los asambleístas  de Alianza País  y los de la oposición,  encabezada por Sociedad Patriótica, Pachakutik, Madera de Guerrero, Socialcristiano, Prian, MPD...

A pesar de que dijeron respetar el acuerdo vigente, los legisladores no desaprovecharon los micrófonos para  increparse por su pasado político, por el  cierre de medios y los ataques a la prensa ocurridos desde el gobierno de León Febres Cordero.

El titular  de la Legislatura  condujo una sesión ágil, a pesar de que unos  80 asambleístas pidieron la palabra. Esa labor   fue reconocida por Leonardo Viteri (PSC). “Le digo, Presidente,  que se encuentre atento, porque dicen que Correa está celoso de su liderazgo”. 

En este ambiente de aparente camaradería se ratificó el anuncio de los jefes de las bancadas legislativas de seguir con el acuerdo hasta que la ley de Comunicación entre en vigencia. Esto quiere decir que se impulsarán cambios  en  el Consejo de Comunicación, entre otros,  para que tenga más representación ciudadana y menos del Ejecutivo. Además, no podrá  clausurar a ningún medio. 

Asimismo,   legisladores como César Montúfar pidieron profundizar en el acuerdo sobre  garantías a  la libertad de expresión y al acceso a nuevas tecnologías.  Marco Murillo (Amauta Yuyay) exigió que la norma no se focalice en los medios sino en la educación y Jorge Escala (MPD)  solicitó que se controle el uso de las frecuencias.

Los 11 asambleístas de Madera de Guerrero y PSC ratificaron su posición de no firmar el convenio. Ellos se  quedaron solos y a contracorriente.

Otros asambleístas que se han alejado de este espacio de acuerdo  son Betty Carrillo y Rolando Panchana, de A. País. Ambos no imaginaban una ley que no   sancione y cierre a los medios por sus errores.

Incluso, Carrillo participó en el último enlace de radio y TV del presidente Correa. Ella anticipó su respaldo a una ley que regule a los medios. Ella  pasó desapercibida en la reunión de ayer. No habló y solo aplaudía a sus compañeros de bancada.

En cambio, el asambleísta Panchana, que   fue  uno de los más entusiastas  con una ley que disponga sanciones para  los periodistas que violen el principio de la responsabilidad ulterior y  diseñe un  Consejo de Comunicación con  facultades controladoras, no asistió a la sesión de ayer.

El trámite que se viene

Tras el primer  debate, el proyecto  de ley   pasará  a la Comisión ocasional de Comunicación. Este organismo  tendrá 45 días para presentar un nuevo documento  que será  conocido por el Pleno del Legislativo.

Durante ese tiempo  se deberán concretar las reformas planteadas por varios sectores y por el convenio suscrito entre las fuerzas legislativas. El presidente Fernando Cordero anunció que se organizarán talleres a escala nacional para incluir más propuestas a  la futura ley.

Luego del segundo  debate, la ley pasará a la Presidencia de la República. El Primer Mandatario tiene, por ley, 10 días  para  vetar  el documento  de forma parcial o total.

Posteriormente, la ley retornará a la Asamblea Nacional, para que los cambios dispuestos por  el Poder Ejecutivo sean discutidos de nuevo.  

Finalmente,  la nueva ley irá al Registro Oficial. Luego,  el Ejecutivo deberá elaborar  el reglamento de aplicación.

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