Edwin Alcarás. Desde Montecristi
Si bien hay al menos un aspecto común entre una ley y una obra de arte (que ambas inventan algo desde la nada) existe una fundamental diferencia entre un artista y un abogado: el primero crea (o sea sueña) un universo, el segundo norma (o sea ordena y sistematiza) ese universo.
Los 240 artistas y gestores culturales que asistieron ayer y el viernes a Ciudad Alfaro intentaron amalgamar esos dos mundos en una serie de largos e intensos debates que trabajaron una propuesta consensuada para la nueva Ley de Cultura.
El encuentro fue organizado por el Ministerio de Cultura para dar un cierre simbólicamente llamativo a la campaña Cien días por la Cultura, ideado por el ministro Ramiro Noriega como un mecanismo para democratizar la elaboración del cuerpo legal.
La Constitución del Ecuador estableció un plazo de un año, desde que fue aprobada, para crear una nueva Ley de Cultura. A dos meses del cumplimiento de ese plazo, los funcionarios del Ministerio están corriendo. La campaña ‘Cien días…’ comenzó formalmente el 4 de mayo con un encuentro celebrado en Ambato al que asistieron, según cifras del Ministro, cerca de 200 personas.
Luego vinieron ocho encuentros más que también reunieron entre 200 y 300 participantes. En total se convocó –sigue el Ministro- a alrededor de 4000 gestores culturales, artistas y personas involucradas con el medio cultural.
Pero ¿cómo se convocó a estas personas? ¿Por qué no fueron 100 ó 300? ¿Cuán representativas del estado de la cultura nacional han sido estas personas?
Noriega respondió, desde ciudad Alfaro, que “fueron convocados representantes de las agremiaciones existentes en cada provincia, también personas que participaron en los congresos de las Artes que realizamos previamente a estos talleres. Se trataba de sacar un retrato de la escena cultural ecuatoriana y creo que lo conseguimos bastante bien”.
Ese retrato perfiló sus líneas y difuminó sus gamas de color en un maratónico mes. En mayo sucedieron las nueve reuniones. Pero los funcionarios del Ministerio no iban a crear desde la nada. Organizaron a los gestores y artistas en categorías y variables definidas puertas adentro a través de consulta con especialistas.
Uno de estos especialistas, contactados directamente por Noriega, fue Eduardo Puente, bibliotecario de la Flacso e inquieto activista cultural. En su exposición del viernes, creyó necesario dejar en claro que “si bien participamos y acompañamos el proceso, no necesariamente estamos de acuerdo con los enfoques que se están dando a ciertos aspectos”.
El disenso de Puente se da por el carácter “demasiado patrimonialista” que se está dando a la Ley. Para él lo que debería considerarse es la variable de Memoria social y patrimonio que se enfoca en “el uso y la significación social que las personas establecen respecto de sus códigos simbólicos”.
Otras voces, sistemáticamente más críticas, han sido, por ejemplo, las de la Coordinadora de movimientos culturales y sociales. Hernán Vásquez, su
representante, ha hecho cuestionamientos sobre cuan vinculante puede ser un proceso calificado como simbólico por el propio Ministro. Vásquez dijo en un correo electrónico, que “nunca se han presentado textos que puedan ser considerados parte de la Ley, ni menos se ha consensuado su vigencia”.
Sin embargo, las jornadas del viernes y de ayer discutieron hasta el cansancio para lograr consensos. Desde las 13:00 hasta las 20:00, el viernes; y desde las 08:00 hasta las 17:00, ayer, los 240 participantes sacaron documentos por cada mesa de trabajo.
Las mesas temáticas fueron de Cultura, Producción cultural, Memoria Social y Patrimonio, Formación, Investigación, Circulación de bienes simbólicos. A su vez, cada mesa analizó los ámbitos comunes: Institucionalidad, Espacio público, Recursos, Participación social y otros.
Desde el mediodía de ayer los resultados de las discusiones fueron revisados por el equipo de abogados de la firma Legal Trade (contratada por el Ministerio para la fijación jurídica de textos).
Gabriel Andrade, abogado de la firma, juzgó que la mayoría contiene aspectos demasiado específicos que más bien atañen a un reglamento. Por ejemplo, “en la Ley Orgánica se debe garantizar la facultad de crear instituciones pero no organizar específicamente su funcionamiento”.
Además se anunció que para el miércoles próximo se tendría ya una versión preliminar del proyecto de Ley, con el resultado de la sistematización y primera redacción jurídica de los textos consensuados en Ciudad Alfaro.
Las mesas de trabajo
En las jornadas participaron seis facilitadores del Ministerio de Cultura, quienes son parte del personal de la Dirección Provincial de Pichincha.
Las propuestas se revisaron a través de un sistema de redacción en cartulinas que se colocaban frente a un pizarrón. Luego se procedía a votar.
Los nueve primeros encuentros fueron facilitados por un equipo contratado por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de España (Aecid).