2 de marzo de 2017 00:00

USD 20 millones en presupuestos participativos de Quito

Pavel Calahorrano/el comercio En el intercambiador de la av. De los Granados ha habido movimiento constante de tierras. Esta será una de las obras más grandes que se inaugurarán este año en el Distrito.

En el intercambiador de la av. De los Granados ha habido movimiento constante de tierras. Esta será una de las obras más grandes que se inaugurarán este año en el Distrito. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

El dinero que se canaliza a través del presupuesto de la ciudad tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la gente, aunque solo en una mínima parte los moradores deciden directamente qué hacer con el dinero. Eso ocurre con los llamados presupuestos participativos, que para el 2017 suman USD 20 millones.

Cada administración zonal se beneficia con dos tipos de presupuestos. El primero es la asignación que recibe la administración y tiene dos componentes: uno directo, cuya inversión decide la Municipalidad, y otro participativo, en el cual deciden los vecinos.

El segundo es aquella inversión en la que incurren las empresas públicas como Epmmop, Epmaps o Emaseo y que involucra grandes obras: intercambiadores, redes de agua potable, alcantarillado, etc. Este se ciñe a la planificación de la ciudad a largo plazo.

En el 2016, la administración zonal que registró más obras de grueso calibre fue la Eugenio Espejo, donde se invirtieron USD 118,7 millones, seguida por la Eloy Alfaro y Quitumbe.

En el norte, en cambio, se construye el intercambiador de la avenida De Los Granados, una obra que pretende mejorar el tránsito en el sector.

Presupesto participativo

Pese a que las grandes obras se llevan la mayor inversión del Municipio ( USD 518,8 millones en el 2016), aquellas que se realizan con Presupuestos Participativos (PP) son las que más interesan a la comunidad, ya que son priorizadas en un trabajo en conjunto entre la autoridad y la comunidad, mediante asambleas.

El Municipio cuenta con un sistema estructurado para la priorización de obras en los barrios en la ciudad. José Luis Guevara, secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, explica que existe un esquema con el cual se mide la necesidad real del barrio y el número de beneficiarios de las obras. “No se escogen a dedo o a conveniencia de cierto grupo”.

Así, en el 2016, el Municipio entregó bajo esa modalidad más de 346 obras, que sumaron USD 15 millones en las ocho administraciones zonales. La que mayor inversión recibió fue la Administración Quitumbe, con USD 3,1 millones en 151 obras.

En el 2016, el Municipio logró que se aumente el porcentaje dispuesto para PP. Hasta el 2015 era el 40% del presupuesto de inversión de la administración zonal, pero se incrementó al 60%,
con el objetivo de que los ciudadanos puedan priorizar las obras. Eso implicó un aumento de casi USD 5 millones en este tipo de obras. Se pasó de 15 millones en el 2016, a 20 millones para el presente año.

Según Guevara, los PP promueven la transparencia en la gestión pública y evita el clientelismo político y ­la inequidad.

Pese al alza, el monto asignado para los presupuestos participativos es insuficiente, dice Jaime Carrera, analista económico. “El Municipio debe ver la forma de autofinanciar las obras con la comunidad. Debería ajustar otros rubros que podrían ser gastos de personal, consultorías o contrataciones para asignar más recursos para este tipo de actividades”.

El reparto tiene varias etapas. En el primer trimestre se debaten las necesidades entre los ciudadanos de los barrios y se envía el pedido de obras a la administración zonal. Un comité técnico evalúa las propuestas. En el segundo trimestre se inicia la elaboración de fichas de prefactibilidad. En el tercer trimestre se hace la convocatoria a asamblea de PP en cada parroquia, con la participación de la gente. Y se ejecuta el año siguiente.

La actual administración hizo un levantamiento de datos y clasificó a Quito por su densidad , necesidades básicas insatisfechas y atención. “Mucha población y muchas necesidades insatisfechas son prioridad uno”, explica Guevara.

Miriam Manobanda, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, admite los diálogos que se han sostenido con el Municipio y advierte que aún hay mucho por hacer.

Manobanda sostiene que hay un déficit de obras. Dice que en Solanda, por ejemplo, se han hecho obras minúsculas, no acordes con los más de 150 000 habitantes que tiene. “En la Ferroviaria hay cuatro barrios irregulares, donde no hay alcantarillado. Lo mismo ocurre en Vista Hermosa, San Vicente, Terrazas de Bellavista”, agrega.

En contraste, Guevara asegura que en el 2016 se gestionaron 95 expedientes de asentamientos para relugalarizarlos. Explica que antes los PP eran destinados únicamente para obra pública, pero hoy pueden ser dirigidos a proyectos sociales lo que beneficia a los sectores no regularizados. Este año se ejecutarán 450 obras y 59 proyectos sociales.

Luis Robles, directivo de Atucucho, donde viven 20 000
personas, asegura que este año le entregarán a su barrio USD 30 000, pero es insuficiente para las necesidades que tiene. Aún hace falta obra básica, que costaría más de USD 1 millón.

Para Cristóbal Maldonado, urbanista, el presupuesto asignado para obras en barrios siempre va a ser insuficiente, debido a la cantidad de necesidades que existe. “El Municipio no podrá satisfacer a todos, pero debe priorizar a los sectores más abandonados y, sobre todo, hacer una distribución equitativa. Tener un crecimiento ordenado de la ciudad es la mejor opción”.

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