6 de November de 2009 00:00

Presos de conciencia

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Farith Simon*

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Me cuesta simpatizar con las actividades de la llamada Junta Cívica de Guayaquil. Me molestan las diatribas contra  Quito y los mensajes regionalistas.

Me indigno cuando recuerdo la patética imagen de un ‘ilustre’ señor retirando la señalización de las calles de esa ciudad que llevaban el nombre de la capital.

Me parece intolerable la “reescritura” de la historia con fines políticos. Es inaceptable que unas pocas personas, que no han sido democráticamente elegidas para representar a la ciudad más diversa y poblada del país, declaren persona “no grata” a cualquier ciudadano que, en su opinión, afecta los intereses que dicen defender.

Pero esto no impide que repudie la detención de dos ciudadanos de la llamada  Nueva Junta Cívica de Guayaquil que colocaban carteles, según reporta la prensa, que se referían al presidente Correa como “persona no grata para la ciudad”, más aún si el delito del que se les acusa es el de  “incitación o fomento al separatismo” de acuerdo al Código Penal.

El “separatismo” es una doctrina política que propugna la separación de algún territorio para alcanzar su independencia o anexionarse a otro país, lo que no parece reflejarse o colegir en los mensajes que se pretendían hacer públicos, los cuales no trascienden jurídicamente más allá de una posible afectación a la persona que dirige -como ya se han pronunciado los jueces ecuatorianos en el pasado- y que debería ser mirado como un tema particular.

Desde los derechos humanos, colocar  carteles es una expresión pública de descontento, en este caso en relación a la gestión del  Mandatario, quien por el cargo público que ostenta está sujeto a la aprobación o desaprobación de la ciudadanía. Es decir, es el ejercicio de un derecho y no un delito que comprometa la paz y seguridad del Estado.

Las circunstancias hacen pensar que tenemos en el país los primeros presos de conciencia, de acuerdo a la definición usada por la organización Amnistía Internacional, que considera en esa condición a quienes son encarcelados por convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia y no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso para defender su posición.

La iniciativa de la detención es de un Fiscal con la aprobación de un Juez -miembros de funciones que se espera sean independientes-, por eso debe preocuparnos que se prive de la libertad a ciudadanos por realizar una crítica al Presidente, sin importar nuestro apoyo o rechazo a las causas que representan. La posibilidad de disentir es una dimensión esencial de una sociedad democrática que no se agota en las urnas y en los triunfos electorales.

Columnista invitado

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