27 de abril de 2015 07:02

La presión diplomática para intentar salvar a condenados a muerte en Indonesia

Los ocho extranjeros condenados a muerte en Indonesia, siete por tráfico de drogas. Foto: AFP

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Agencia AFP

Los llamamientos y presiones diplomáticas se multiplicaron este lunes para intentar salvar la vida de ocho extranjeros condenados a muerte por narcotráfico en Indonesia.

Las autoridades de Yakarta notificaron a los ocho extranjeros (de Australia, Brasil, Filipinas y Nigeria) que su ejecución y la de un indonesio es inminente, después de que un francés, que también afrontaba la pena de muerte por narcotráfico, fuera retirado de la lista en el último momento.

El presidente francés, François Hollande, y el primer ministro australiano, Tony Abbott, "recordaron que Francia y Australia (...) condenan el recurso a la pena de muerte en todas partes y en cualquier circunstancia", según un comunicado de la presidencia francesa.

Las presiones diplomáticas han ido creciendo en los últimos días y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también ha pedido a Indonesia que renuncie a las ejecuciones.

Este lunes, el abogado del preso brasileño Rodrigo Gularte presentará un último recurso para conseguir una revisión de su caso, así como nuevos informes médicos sobre su supuesta enfermedad mental.

Gularte, de 42 años, fue detenido en 2004 al tratar de entrar en el aeropuerto de Yakarta con seis kilos de cocaína escondidos en tablas de surf. Su familia ha presentando varios informes médicos para demostrar que el hombre sufre esquizofrenia y que, por tanto, no debería ser ejecutado.

La autoridades aplazaron la ejecución del francés Serge Atlaoui, de 51 años, condenado a muerte en 2007 por narcotráfico, una acusación que siempre negó, presumiblemente por las fuertes presiones diplomáticas francesas.

Por su parte el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, decidió cancelar un viaje previsto el martes a Indonesia.

'¡Salve a mi hija!'

Los familiares de los condenados fueron a verlos este lunes, 27 de abril de 2015, a la cárcel de la isla de Nusakambangan, "el Alcatraz indonesio", donde los presos podrían ser fusilados en la madrugada del miércoles, poco después de la medianoche.

Varios medios australianos publicaron fotos de las cruces mortuorias destinadas a los féretros de los condenados con la fecha del 29 de abril de 2015.

Hasta ahora, el presidente indonesio, Joko Widowo, intransigente con el tráfico de drogas, rechazó todas las peticiones de indulto a pesar de las numerosas voces que le pidieron clemencia.

Y, aunque este lunes dijo sentir compasión por la presa filipina Mary Jane Veloso y prometió estudiar su caso, parece poco probable que Widowo cambie de opinión sobre unas ejecuciones que, según él, son esenciales para atajar la crisis provocada por la droga en su país.

Veloso, de 30 años, asegura que no es una narcotraficante y que sólo cayó en la trampa de una red criminal. Su hermana y su madre volvieron a pedir clemencia este lunes.

"Os suplicamos que deis una última oportunidad a mi hermana pequeña, madre de dos niños", declaró Marites Veloso-Laurente al llegar a Cilacap, el puerto de acceso a "la cárcel de la muerte".

Su madre mandó un mensaje desesperado al campeón de boxeo filipino Manny Pacquiao, que se entrena en Estados Unidos ante uno de los combates más esperados de la historia.

"Manny, por favor, salve a mi hija. Por favor, hable. Cualquier palabra de usted será una gran ayuda porque es muy popular en Indonesia", declaró Celia Veloso en una radio de su país.

El boxeador no desoyó la llamada de su compatriota. "Le ruego (...) a su excelencia que le conceda su clemencia perdonándole la vida y salvándola de la ejecución", pidió Pacquiao a Widowo, en un mensaje grabado en su centro de entrenamiento de Los Angeles.

Australia también volvió a pedir a Yakarta que no ejecutara a sus dos ciudadanos condenados a muerte, Myuran Sukumaran y Andrew Chan, mientras el grupo de prensa australiano Fairfax Media publicó nuevas acusaciones de corrupción contra los jueces que los condenaron en 2006.

Según Fairfax, los magistrados habrían pedido más de 1 000 millones de rupias (unas USD 103 000) para evitarles la pena de muerte y castigarles con menos de 20 años de cárcel.

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