31 de marzo de 2016 09:22

Presidente de Sudáfrica 'violó' la Constitución al pagar su casa con dinero público, según Tribunal

El presidente de Sudáfrica Jacob Zuma se niega a devolver el dinero público que empleó para arreglar su casa, bajo la excusa de reforzar la seguridad de la misma. Foto: EFE

El presidente de Sudáfrica Jacob Zuma se niega a devolver el dinero público que empleó para arreglar su casa, bajo la excusa de reforzar la seguridad de la misma. Foto: EFE

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Agencia EFE

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, "violó la Constitución" al negarse a devolver el dinero público que empleó indebidamente en la reforma de su residencia privada, después de que la Defensora del Pueblo detectara la irregularidad y le instara legalmente a hacerlo.

Así lo estableció hoy, 31 de marzo del 2016, el Tribunal Constitucional de este país en una resolución sin precedentes en la que ordena a Zuma a reembolsar parte de los 15 millones de euros que costaron las obras y además denuncia al Parlamento por amparar esta "ilegalidad".

"El presidente no cumplió, defendió ni respetó la Constitución", subraya el veredicto dictado unánimemente por los once jueces de la Corte, que ensalza el carácter "vinculante" de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y reivindica la importancia de la separación de poderes.

Según el dictamen del Constitucional, la Tesorería Nacional debe fijar en un plazo de 60 días la cantidad exacta a retornar y, una vez que el cálculo haya sido refrendado por la propia Corte, Zuma dispondrá de 45 días para cumplir con el pago.

Las reacciones a la esperada sentencia no se han hecho esperar. El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (AD), ha anunciado una moción de censura para cesar a un presidente que, a juicio de su líder, Mmusi Maimane, "debe marcharse" después del revés de los tribunales.

En la misma línea se ha pronunciado Julius Malema, jefe del también opositor Luchadores por la Libertad Económica (LEE), que impulsó este proceso judicial junto a AD. "El Parlamento le ha fallado a la gente y debe ser disuelto ahora", declaró Malema, que pidió la convocatoria de elecciones.

"Los máximos dirigentes del Congreso Nacional Africano (CNA) se reunirán hoy para hablar de las consecuencias del veredicto", ha afirmado Gwede Mantashe, secretario general del partido gobernante, en el que crecen cada día las voces críticas con el presidente.

El "caso Nkandla", llamado así por el pueblo del este del país donde nació el presidente y donde tiene la residencia que reformó con fondos públicos, es el mayor escándalo del polémico mandato de Zuma, que llegó al poder en 2009 después de que la Fiscalía retirara los 700 cargos por corrupción que pesaban contra él.

En marzo de 2014, la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, estableció en un informe que el dinero público gastado en su complejo privado no se había empleado en reforzar las estructuras de seguridad, tal y como alegó la Presidencia.

Según su investigación, entre las obras pagadas con fondos estatales y supuestamente diseñadas para incrementar la seguridad del complejo residencial, se incluyó un corral para pollos, un establo para vacas, una piscina y un anfiteatro.

Madonsela, con ayuda de la Policía, calculó el importe de las obras ajenas a la seguridad y pidió a Zuma su reembolso, a lo que el presidente respondió designando varias comisiones parlamentarias de investigación que le exoneraron del pago.

La Defensora del Pueblo, que recibió presiones y amenazas, mantuvo una petición que hoy, finalmente, se ha visto amparada por el Tribunal Constitucional.

"Es la personificación del David bíblico, que lucha contra un Goliat más poderoso y con mejores recursos", dice el veredicto sobre la batalla que ha mantenido Madonsela contra la corrupción del Gobierno.

La Defensora del Pueblo, que fue designada por Zuma en 2009, abandonará este año su cargo y dejará un importante legado en forma de jurisprudencia: la obligación de cumplir los informes de esta institución.

"Este veredicto lo apreciaremos durante todas nuestras vidas", comentó Madonsela sobre una decisión judicial que refuerza los mecanismos de control sobre el Gobierno y "restablece el Estado de Derecho" en Sudáfrica.

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