11 de March de 2010 00:00

El Presidente de la República vetó 6 artículos de las reformas penales

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Redacción Judicial 

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Carlos  C.  llegó a la Comisaría Primera, junto  a su esposa, en busca de ayuda.  “No recuerdo lo que pasó; estaba en la Amazonas  bebiendo con mis amigos;  luego de unas horas  me  desperté  en La Y sin mis pertenencias”, relata el hombre, quien perdió el celular, la libreta de ahorros y su billetera.

Margot Andrango   registró el caso en una computadora de la dependencia, ubicada en el centro norte de Quito. La funcionaria  pidió al denunciante que llenara una hoja con sus datos personales y que detallara el hurto. 

Antes del 24 de marzo de 2009, los hurtos (robos sin violencia) eran investigados por la Fiscalía. Pero, desde esa fecha, tras una reforma a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal,  el hurto por montos menores a USD 645 pasó a ser considerado una contravención de cuarta clase   de carácter privado, que se tramita en  las Comisarías de Policía.

Carlos C. perdió cerca de USD 130. Dijo no conocer del  debate   en la Asamblea para que casos como el suyo vuelvan a ser tratados por la Fiscalía.  El 5 de febrero último,   la Comisión de lo Penal y Civil de la Asamblea planteó una nueva reforma a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal.
 
La propuesta, que fue aprobada en segundo debate, planteó que el hurto  vuelva a ser considerado un delito de acción pública, siempre que la cuantía  sea inferior al 50% del salario mínimo vital. Así, los robos sin violencia por montos superiores a USD 120 volverán a ser indagados por fiscales. Aquello implica que el
Estado impulsará investigaciones penales para buscar a los autores del delito.

Actualmente, las comisarías no tienen capacidad investigadora; dependen del Ministerio de Gobierno y notifican a la Policía.

El Ejecutivo reconoce esa limitación. El presidente de la República, Rafael Correa, planteó seis vetos a la nueva reforma planteada por la Asamblea (ver ficha).
Uno de ellos refiere que los delitos que pasaron de acción pública a privada (de la Fiscalía a las comisarías) con las reformas de 2009 regresen a ser de acción pública y puedan “sustanciarse como tales, a pesar de haber sido desestimados en su momento”.
 
Para el jurista y catedrático de la Universidad San Francisco, Farith Simon,  ampliar los casos de delitos de acción pública no  implicará una mayor agilidad en la
Justicia. “En las fiscalías se saturarán los procesos y no habrá cambios como no los hay con las reformas penales vigentes”.

La comisaria primera, Verónica Aguirre,  identifica otro problema:  de las 300 denuncias  diarias que llegan a su despacho,   solo el 20% llega a  sanción. “A la gente  le preocupa poco seguir la denuncia”. En la dependencia los afectados por hurtos esperan ser atendidos por seis funcionarios. “No espero recuperar nada”, dice Carlos C.

Los artículos con veto del Ejecutivo

El Jefe de Estado respondió a la Asamblea el 4 de marzo.

Artículo 3. 
Bienes no justificados.Sustitúyase el art. 569 por el siguiente: Será reprimido con reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y con una multa de USD 16 quien oculte, custodie, guarde, venda o transfiera...  bienes o cosas producto del robo o hurto o cuya procedencia   no pueda probarse. 

Artículo 4.
Las audiencias.Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al procedimiento y conversiones. Las solicitudes de archivos y desestimaciones se harán sin audiencia, sin perjuicio del derecho del denunciante a ser escuchado.

Artículo 9.
Los delitos.La estafa, la violación de domicilio, la revelación de secretos de fábrica y las lesiones que no  superen los ocho días de incapacidad para el trabajo son conductas punibles que no deben ser perseguidas de oficio.

Artículo 4.
Los hurtos.  Serán reprimidos con multa de USD 14 a USD 28 y prisión de cinco a treinta días... el hurto siempre que el valor de las cosas no supere en 50% de una remuneración básica unificada.   

Artículo 10.
Debido proceso.En el primer inciso del artículo 39, agréguese un segundo inciso que diga ‘El juez previo a resolver debe oír  al denunciante’.
Disposición transitoria
Los delitos.  Los delitos que regresen a ser de acción pública  podrán sustanciarse como tales, a pesar de haber sido desestimados en su momento.

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