29 de mayo de 2017 17:22

Presidente de Panamá blanco de críticas por pagar cirugías a sus funcionarios

Juan Carlos Varela, presidente panameño, realizó un anuncio el lunes 9 de mayo de 2016, en Ciudad de Panamá (Panamá). Varela lanzó hoy la "Operación Escudo" para "blindar" el país ante el narcotráfico. EFE

El dinero salió de la Partida de Gastos Asignaciones Globales de la Presidencia, que se conoce como "partida discrecional", unos fondos que pueden ser usados, como su propio nombre indica, a disposición del presidente. Foto: Archivo

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Agencia EFE

Las críticas al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, por sufragar con dinero público costosas cirugías a altos funcionarios de su Gobierno no cesan, a pesar de que el mandatario anunció un plan para reducir las largas de lista de espera en la sanidad pública, dijeron hoy, 29 de mayo de 2017, varios expertos.

"Las críticas ni han mermado ni lo van a hacer porque la ciudadanía no ve que haya una Contraloría robusta ni un contralor con ganas de poner los puntos sobre las íes y de regular la partida discrecional que está a disposición de la Presidencia", aseguró a Efe el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño.

El pasado 17 de mayo, la prensa local publicó que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá, Rolando López, recibió más de USD 17 000 durante el primer trimestre de este año para someterse a una operación en el extranjero.

El dinero salió de la Partida de Gastos Asignaciones Globales de la Presidencia, que se conoce como "partida discrecional", unos fondos que pueden ser usados, como su propio nombre indica, a disposición del presidente.

La semana pasada se conocieron a través de los medios locales de nuevas cirugías de otros altos funcionarios, como Marien Calviño, una antigua trabajadora en la empresa familiar del presidente que ahora ostenta un cargo en el Ministerio de la Presidencia.

"Las personas que se han favorecido de estas partidas, que se deben usar solamente en casos de emergencia, son personas que trabajan para el presidente, que tienen salarios muy altos y que pueden costearse ellos mismos las operaciones", afirmó a EFE la portavoz del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), Annette Planells.

Además, añadió la activista, las cirugías se han realizado en hospitales exclusivos fuera de Panamá "cuando aquí existe una sanidad pública y hay médicos públicos que podían haber operado a estas personas".

La presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Manuela Jaén, indicó por su parte que existen "ciertos criterios" a la hora de asignar los fondos de la "partida discrecional", como la urgencia, que el mandatario aparentemente "no ha cumplido".

"Los recursos del Estado son de la nación panameña. En América Latina estamos viendo una especie de retroceso porque muchos Gobiernos están asumiendo que el Estado es su empresa y que pueden hacer con ella lo que quieran", declaró.

El Gobierno envió un comunicado el mismo día que se hizo pública la operación de López explicando que el funcionario "requirió de una intervención quirúrgica de urgencia", y que se decidió cubrir parte de los costos "dado lo delicado de sus funciones".

"Los detalles de este apoyo fueron publicados transparentemente en el sitio web de la Presidencia de la República de Panamá, al igual que se hizo con otras situaciones de salud y emergencias cubiertas con esos fondos", justificó el Ejecutivo.

Las explicaciones no resultaron convincentes, a juzgar por el aluvión de críticas recogidas en los telediarios y los periódicos del país, y al día siguiente el presidente anunció que iba a diseñar un plan para reducir la mora quirúrgica que existe en el país.

Según las autoridades sanitarias del país, actualmente hay 15 000 operaciones pendientes, para las que se necesitarían al menos USD 15 millones.

Para los expertos consultados por EFE, el plan anunciado por Varela se trata de una "medida populista" que no ataca la raíz del problema y que parece muy difícil de cumplir.

"Tenemos dudas de que la medida se haya anunciado solamente para desviar la atención o que de verdad se vaya a llevar a acabo", admitió la portavoz de Movin.

El abogado Cedeño insistió en que parte de la culpa la tiene la Contraloría General, porque "tiene los instrumentos jurídicos para controlar el uso de estos fondos y solo busca excusas para no hacerlo".

"El artículo 280 de la Constitución da potestad al contralor para regular el uso de las partidas discrecionales", concluyó el jurista. 

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