27 de mayo de 2017 11:25

El presidente Moreno, asambleístas de oposición y oficialistas y un experto opinan sobre ley de redes sociales

El proyecto de Ley que regula el odio y discriminación en redes sociales e Internet fue enviado por Rafael Correa a la Asamblea el 23 de mayo del 2017. En la foto, el presidente Lenin Moreno durante una ceremonia en la Plaza de la Independencia, frente al

El proyecto de Ley que regula el odio y discriminación en redes sociales e Internet fue enviado por Rafael Correa a la Asamblea el 23 de mayo del 2017. En la foto, el presidente Lenin Moreno durante una ceremonia en la Plaza de la Independencia, frente al palacio de Gobierno el pasado miércoles 24 de mayo de 2017. Fotos: EFE / Pixabay

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Mario Alexis González

En un conversatorio con medios de comunicación extranjeros, el presidente Lenín Moreno aseguró sobre la Ley enviada por Rafael Correa, al final de su mandato, para controlar el odio y la discriminación en las redes sociales, que esta norma deberá ser consensuada y no impuesta.

Además, explicó que las últimas elecciones le enseñaron al Ecuador que lo que se dice en las plataformas digitales no son una verdad absoluta o una noticia, sino el punto de vista de una persona. Y que debido al grado de mentiras, injurias y calumnias que circularon en estos espacios está seguro de que se necesita una norma, pero que “debemos encontrarla conjuntamente”. Añadió que no la ha revisado por qué ni siquiera la conoce.

El proyecto de Ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet fue enviado por Correa a la Asamblea el 23 de mayo del 2017, a un día de dejar su cargo. La iniciativa aún no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). El proyecto tiene 10 artículos.

Según su ámbito, se aplicará a las empresas proveedoras de servicios que funcionan a través de comunicaciones telemáticas, plataformas de Internet o tecnologías de esa naturaleza que permitan a los usuarios compartir contenidos con otros o difundirlos públicamente; y que alcancen los 100 000 usuarios registrados en Ecuador.

Propone que los proveedores de servicios de redes sociales elaboren un informe trimestral en lengua castellana sobre la gestión de los reclamos o reportes sobre contenido ilegal que presenten los usuarios. Deberán presentarlo ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de 15 días a partir de cada fin de trimestre.

El Ministerio de Justicia podrá imponer a las empresas que proveen servicios de redes sociales en Ecuador multas que van desde los 100 salarios mínimos (SBU) hasta mil (SBU) , es decir, entre USD 37 500 y USD 375 000. Esto cuando no se presente el informe o se esté trabajando con falencias acerca del control del odio y la discriminación en las plataformas digitales.

Christian Espinoza, director de la consultora Cobertura digital y catedrático de nuevos medios, cree que el proyecto tal como está planteado es muy general y se presta para que la línea entre el odio y la libertad de expresión se vuelva difícil de juzgar. Añade que en las redes hay mucha irresponsabilidad y se debe buscar una forma de normarla.

Pero -dice- no se deben regular las plataformas digitales sino los delitos que ahí se pueden realizar. Recuerda que el odio, la calumnia, las injurias… ya están tipificados penalmente por lo que solo se debería socializarlos y encontrar una forma de aplicarlos en las redes sociales. Porque sino la ley podría tener el efecto contrario y aumentar el anonimato.

Guillermo Celi, asambleísta de Creo-SUMA, considera que es un proyecto “enviado entre gallos y media noche y tiene la intensión de restringir la libertad de expresión, que la ciudadanía utiliza para comunicarse con creatividad en las redes sociales”.

El legislador utilizó su cuenta de Twitter para solicitarle al presidente Moreno que retire el proyecto de ley, ya que cree que este no tiene concordancia con el estilo de apertura al diálogo con él que ha ofrecido gobernar. No cree que haga falta una ley en este tema ya que así se criminalizaría el pensamiento diferente al del poder de turno.

Augusto Espinosa, asambleísta de Alianza País, está convencido de que la ley es necesaria. Asegura que las empresas proveedoras de redes sociales deben sumar filtros para impedir que haya cuentas anónimas, ya que desde estas se profieren insultos y calumnias en este tipo de espacios.

Agrega que aunque esta figura no está incluida en el proyecto original para eso está el debate legislativo. Espera que una vez que el CAL califique el proyecto y lo envíe a una comisión, esta pueda ampliar el debate con todos los actores para que se lo mejore.

Incluso -dice- el propio Ejecutivo a través de los ministros puede comparecer a la Asamblea para entregar sus aportes. Y en último de los casos, el presiente Moreno podría incluir su visión a través de un veto.

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