21 de agosto de 2015 17:40

Para el Presidente de la Ecuarunari, el caso de su pareja rebasa lo jurídico

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Mariela Rosero

El presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, reiteró que Manuela Picq está en Ecuador de manera regular, legal y constitucional. "No solo que tiene una visa sino que ya debería tener la nacionalidad ecuatoriana porque está casada conmigo a través de un acto ancestral de julio del 2013".

Por eso, subrayó, Manuela tiene los mismos derechos de los ecuatorianos. Y puede participar acompañándole y haciendo opinión.

"No ha cometido ningún delito, no ha difamado a nadie, no ha extorsionado. No ha robado. Por lo tanto decir que hace actividad con la Ecuarunari... Si es la pareja del Presidente de la Conaie, ¿qué quieren? ¿Que se quede encerrada en la cocina?". Con esa interrogante respondió al consultarle si se puede cuestionar el hecho de que Manuela Picq, brasileña- francesa, participe de las concentraciones y actividades del movimiento indígena.

Pérez además apunta que a Manuela le ha interesado crear teoría política desde el sur. No ir a las universidades de otros países y desde el escritorio hablar. "Así nos conocimos, estuvo tan vinculada a los pueblos y nacionalidades indígenas y a la ecología, a la vida, a los derechos sexuales de sectores vulnerables".

Al preguntarle si quisiera pedirle algo al Gobierno o al Ministro del Interior, Pérez responde que "no quisiera solamente solicitarle que deje en libertad o que deje en paz solamente a Manuela". Quisiera que a los 120 detenidos los deje en libertad.

Según afirma, "una manera de dejarlos en libertad es atacando la raíz, no al extractivismo, retirar esa política que implica despojo de territorios, desplazamiento de comunidades, criminalización de la protesta social y el autoritarismo. Ese es el remedio que puede sacar de raíz a toda esa conflictividad social".

El Presidente de la Ecuarunari asegura que su corazón está fracturado porque Manuela Picq muy probablemente tenga que volver, no sé si a Brasil o a Francia. Pero sostiene que aquí hay una lucha histórica y social. "Esto rebasa la individualidad de una persona". También dice que este tema es político y rebasa el ámbito jurídico. "Eso apenas es el arma de persecución hacia el movimiento indígena y a uno de sus dirigentes, en este caso yo.

Pretende afectar cayendo en lo más bajo. No han podido demostrar nada (en mi contra), han dicho que tengo concesiones mineras y no las tengo. Me han dicho que tengo tierras y no. Se meten con los sentimientos de las personas y es una política de lo más subterránea".

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