7 de abril de 2018 00:00

Preocupación en migrantes por legalización de estatus

Grupo de venezolanos recibe a sus compatriotas en el aeropuerto de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacciones Guayaquil y Ecuador (I)

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Hace 19 días venció el plazo para que los extranjeros legalicen su estatus migratorio en el país, tras la disposición emitida por el Ministerio del Interior el pasado 21 de febrero.

Esta Cartera de Estado confirmó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Acuerdo Ministerial 0907 del 2018, los controles a los ciudadanos extranjeros todavía no se inician en ninguna ciudad del país.

Daysi Gil dirige la agrupación 1 000 sonrisas para Venezuela, que da asistencia humanitaria a los venezolanos que pasan por la terminal terrestre de Guayaquil. Calcula que por allí transitan a diario cerca de 32 000 de sus compatriotas; unos 2 000 se quedan en la ciudad.

Aunque no ha escuchado de controles migratorios para revisión de documentos, Gil dice que hay trabas para la regularización. Por quienes llegan a la terminal, conoce que a algunos les sellan los pasaportes con permisos únicamente para 15 días.

“La ley da hasta 90 días -aclara-. Ecuador no le ha dicho a los emigrantes que no vengan, sino que le ha puesto una serie de trabas para que no se queden”, asegura.

Gil recibió a dos familiares, ingenieros. Ambos esperan estabilizarse en Guayaquil, aunque la cita para la visa laboral está programada para dentro de seis meses. “Es necesario que el Gobierno dé más facilidades para el trámite. En Perú, por ejemplo, otorgan un permiso de trabajo mientras tramitan su visa”.

Las deportaciones de ciudadanos de otros continentes es un tema que también preocupa al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. En un informe de esta entidad se recogen diez casos de cubanos, cameruneses, ghaneses, sirios y de otros países en crisis humanitaria que solicitaron refugio a Ecuador.

El trámite les fue negado y fueron retenidos en salas de tránsito del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, donde esperaron por días su deportación. Estos casos se registran desde 2014 y fueron analizados por el Comité contra la Tortura.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Derechos Humanos en Ecuador, explica que ese abordaje está a cargo del Ministerio del Interior y que no hay información clara del número total de deportaciones.

“Estas personas permanecen sin acceso a su equipaje. En los baños apenas hay lavabos, ni siquiera pueden ducharse”, dice el secretario. Y afirma que la última deportación fue de cameruneses, hace pocas semanas.

Navarrete recuerda que hasta marzo del año pasado mantuvieron diálogos con el Ministerio del Interior para establecer un protocolo con otras entidades como la Cancillería, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. “Pero ese proceso no terminó en nada. Quienes llegan deben tener, al menos, el legítimo derecho a la defensa”.

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