Tres preguntas de la Consulta que quiere realizar el Ejecutivo tienen que ver con enmiendas constitucionales sobre la Asamblea, las organizaciones políticas y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Eso significa que, en caso de que pasen el control de la Corte Constitucional (CC), la ciudadanía tendrá en sus manos decidir la disminución de asambleístas, más control a los partidos y movimientos, además de quitarle al Cpccs la facultad de designar autoridades.
El constitucionalista Emilio Suárez señala que las ocho preguntas son de enmiendas constitucionales. Eso significa que lo que plantea el Gobierno con lo presentado este 12 de septiembre del 2022 es un referendo, ya que implica cambios a la Constitución.
El segundo bloque se ha denominado “enmiendas para el fortalecimiento de la democracia”. Va de la pregunta cuatro hasta la seis y, según el también experto en Derecho Constitucional, Gonzalo Muñoz, la CC ya ha emitido pronunciamientos sobre la reducción de legisladores y sobre la eliminación de facultades del Cpccs.
Pero, ¿qué implica cada pregunta?
Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250 000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500 000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 4?
En la argumentación enviada a la CC, el Ejecutivo plantea que la Asamblea tiene dos problemas. Uno tiene que ver con la proporcionalidad en la representación y otro con la credibilidad.
Cuestiona la forma en la que se asignan las curules. Para el Gobierno hay tres problemas: la asignación automática de dos escaños a provincias, indistintamente de su densidad, la división y subdivisión de circunscripciones electorales, además de la asignación de escaños fijos para la circunscripción nacional y del exterior.
Con la propuesta que contiene la pregunta, y tomando en cuenta el censo de población del 2010, se escogerían ya no 137 asambleístas, sino 100. Pero si se tomara en cuenta la proyección de población al 2020, el número de escaños sería 116.
Para el experto electoral Esteban Ron, no es adecuado abordar dos temas que pueden ser subjetivos (credibilidad y calidad del legislador). Esto porque la capacidad de fiscalización y de legislación tiene también que ver con el ímpetu del asambleísta y no solamente con el número legisladores que se escojan.
Desde su perspectiva, esta pregunta tiene más que ver con una especie de populismo democrático. Asimismo, tendrá mucho que ver con el rechazo de la ciudadanía al rol tan criticado del Legislativo.
5. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?
Ron dice que este cambio plantea la necesidad de dos cosas: auditorías por parte del CNE y algún tipo de verificación y participación ciudadana. Esto último porque, como ha ocurrido en elecciones pasadas, de cara a las seccionales del 2023 también hay denuncias sobre afiliaciones no consentidas.
El anexo de esa pregunta plantea que el órgano electoral garantizará la modernización de sus sistemas que permitan verificar la identidad de los afiliados.
6. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?
Esta es la pregunta más importante en este bloque. El actual Cpccs ha sido la muestra de las disputas que existen entre los partidos políticos por el control de esa entidad. Allí se nombra Fiscal, Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo y superintendentes, entre otros.
El constitucionalista Gonzalo Muñoz dice que sobre este cambio ya hay un pronunciamiento de la CC. Considera que es muy probable que se ratifique ya que estableció que, para restarle facultades a ese órgano, la enmienda constitucional es el camino.
El punto central de esto es que la designación de las autoridades volvería a ser nombradas desde la Asamblea. Para eso, señala, Muñoz, no se puede considerar la misma modalidad que con la Constitución de 1998. Es decir, una selección mediante ternas. Plantea que debe existir veeduría ciudadana, por ejemplo.
El cambio plantea que en este proceso participe no solo la Asamblea sino también el Presidente de la República. Además, habrá una selección de veedores sobre los cuales se deberá tomar en cuenta su probidad, conocimientos y experiencia.
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