5 de mayo del 2016 00:00

Prefecturas coordinan entre sí la ayuda para los damnificados

Una retroexcavadora trabaja en las ruinas de una edificación que dejó el terremoto en el cantón Jama, en Manabí. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Una retroexcavadora trabaja en las ruinas de una edificación que dejó el terremoto en el cantón Jama, en Manabí. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política
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politica@elcomercio.com

Prefieren trabajar por su cuenta y en grupo. Una emergencia no puede esperar y por eso el Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope) decidió prestar su contingente desde la misma noche del terremoto, el pasado 16 de abril.

Inmediatamente movilizaron maquinaria, con un pico de 100 máquinas para la remoción de escombros, más cargadoras y volquetas. Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro fueron de las primeras en responder y luego se sumaron el resto.

Edwin Miño, el director Ejecutivo del gremio de prefecturas, explica que lo primordial era habilitar las vías para que la atención llegara a las víctimas. 21 de las 23 prefecturas se enfocaron en eso para ayudar a Manabí y Esmeraldas.

Desde el día después del sismo recogen y distribuyen insumos. Ahora, además, colaboran en la logística para los albergues de mediano y largo plazo, la creación de programas de reactivación económica y la reconstrucción de viviendas.

Esta asistencia funciona, ha sido rápida y efectiva, según Miño. Pero la coordinación con el Gobierno central es mínima. En sus palabras, es preferible hacerlo directamente con las autoridades locales.

Hay que reconocer el esfuerzo de los trabajadores de los consejos provinciales, señala Miño, que han tenido además iniciativas puntuales. En Zamora Chinchipe, por ejemplo, donaron el 10% de su sueldo.

Fausto Romero, director de Fomento Productivo, anunció que la próxima semana se levantará un registro sobre los pequeños negocios que se perdieron, para iniciar un plan de reactivación con el sector privado. Tras un primer cálculo se estima que había, por ejemplo, 57 000 tiendas en ambas provincias, y ahora quedarían alrededor de 20 000. Esa información tiene que verificarse.

Otro objetivo es que los damnificados regresen a sus zonas de trabajo, especialmente en el sector rural, que es competencia de las prefecturas. Por ejemplo, en Chamanga ya se entregaron kits de pesca y se están preparando otros agropecuarios, según la necesidad de cada zona. Algunas propuestas se han planteado directamente a ministerios como Agricultura y Vivienda.

¿Qué sucede con la organización que impulsa el Ejecutivo? Esteban Quirola, prefecto de El Oro, responde que es más efectivo trabajar solamente con autoridades locales, prefectos, alcaldes y juntas parroquiales, y líderes zonales como los párrocos. Es “mucho más fácil” que con el Ministerio de Inclusión (MIES) o la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Sostiene que ellos transportan y distribuyen su propia asistencia, incluida la internacional, sin esperar a las FF.AA. “Los militares pierden dos días mientras nosotros somos efectivos en 13 horas”. No viajan en la noche por seguridad y logística, “un lujo que no podemos darnos”.

Pero sí informan a las autoridades nacionales de su accionar, aclara Quirola, para no duplicar esfuerzos. “El MIES es consciente de eso”. Cuando los ministerios están listos, recién se dan cuenta de que ya se ha cubierto esa zona, dice.

Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, concuerda en que así lo han hecho y está dando “buenos resultados”. Con el Ejecutivo “en los primeros días vimos una descoordinación, no nos gustó”.

Sin embargo, el presidente Rafael Correa dice lo contrario. “Hemos respondido muy bien a la tragedia”, dijo el sábado pasado. Y sostuvo que el sistema de salud fue lo que mejor funcionó. El vicepresidente Jorge Glas también asegura que la respuesta fue inmediata, con insumos y atención.

Pero Guamán se queja de que los militares no llegan como deberían a las zonas rurales, y “si llegan se demoran demasiado”. Prefieren coordinarlo entre autoridades locales porque, debido a sus competencias, tienen la información de los territorios y saben dónde intervenir.

Giovanny Benítez, prefecto de Santo Domingo, es menos crítico con el Ejecutivo. Se limita a contar que en su provincia todo se resuelve a través del Comité de Operaciones de Emergencia local, con sus mesas de trabajo, para disponer la intervención y direccionar los recursos, cuya información la maneja Gestión de Riesgos.

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