Prefecto Baroja no asiste a audiencia de conciliación con la CNA y pide una indemnización de USD 3 millones

La inasistencia del Prefecto fue entendida para los abogados de la Comisión como una muestra de desinterés de conciliar. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

La inasistencia del Prefecto fue entendida para los abogados de la Comisión como una muestra de desinterés de conciliar. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

La inasistencia del Prefecto fue entendida para los abogados de la Comisión como una muestra de desinterés de conciliar. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

La demanda por supuesto daño moral, que presentó el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) pasará a etapa de prueba, que es la fase previa antes de la sentencia.

Esto, después de que Baroja no se presentara la mañana de este miércoles 23 de agosto del 2017 a la audiencia de conciliación. Según su abogado, Jaime Canseco, su inasistencia fue por motivos de salud.

En el 2015, Baroja demandó a Jorge Rodríguez y Germán Rodas, miembros del CNA, después de que ellos, en rueda de prensa, relevaran supuestas inconsistencias en las fase de contratación y ejecución del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. En su querella, el funcionario solicitó el pago de USD 3 millones como indemnización por daño causado.

La CNA remitió la documentación de su denuncia a la Fiscalía y solicitó una investigación, que finalmente fue archivada.

La diligencia por daño moral se realizó ante el juez Patricio Román, de la Unidad Judicial Civil de Pichincha, en el norte de Quito.

La autoridad dedicó los primeros 20 minutos de la audiencia para lograr que exista un acuerdo entre ambas partes.

Sin embargo, la inasistencia del Prefecto fue entendida para los abogados de la Comisión como una muestra de desinterés de conciliar.

En el 2015, Baroja demandó a Jorge Rodríguez y Germán Rodas, miembros del CNA. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Canseco, abogado de Baroja, indicó al juez que no poseía un permiso de su cliente para proponer un acuerdo y pidió a la autoridad que se continuara con la siguiente fase del proceso civil, que es la etapa de prueba.

Víctor Granda, abogado de los demandados, por su lado, solicitó que se declare en rebeldía a Baroja, pues la convocatoria a la audiencia, entregada días atrás, era para justamente hablar de un posible consenso. Este pedido fue rechazado.

Rodríguez, en cambio, fue más crítico y dijo que el único interés del prefecto son los USD 3 millones de la indemnización.

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