21 de November de 2009 00:00

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Washington Carrillo G.

A propósito de la deficiencia energética que sufre el país, en el Diario EL COMERCIO (y en muchos otros medios) se usan las unidades físicas correspondientes a los términos potencia eléctrica y energía eléctrica (conceptos distintos) en forma incorrecta.

Por esta razón, me permito realizar la siguiente aclaración: la potencia eléctrica se mide en vatios, kilovatios (1 000 vatios) o  megavatios (1 000 000 de vatios), etc. En cambio, la energía eléctrica se mide en vatios-hora, kilovatios–hora o   megavatioshora, etc., no en vatios/hora.

El término vatio/hora no significa potencia eléctrica ni energía eléctrica y por lo tanto su uso es incorrecto. Les ruego acepten este comentario estrictamente técnico como un aporte para que las noticias sean técnicamente presentadas.

Del Contralor

Carlos Pólit Faggioni, contralor general del Estado

Me veo en la obligación de aclarar las aseveraciones que en forma antojadiza y con un claro afán dañoso, se difunden a través de la carta firmada por Mercedes Peña Arellano, distribuida profusamente a los medios de comunicación escrita.

En primer lugar, debo informar a la malintencionada firmante que mis declaraciones se refieren al escandaloso caso de la empresa Via Advisors. En referencia con el tema se presentaron dos hechos concurrentes: de un lado, el Juez Decimoctavo de lo Penal de Pichincha, dictó un auto de sobreseimiento a favor de los administradores por la empresa Telecsa, desestimando el informe y la denuncia de la Contraloría, y a pesar del dictamen acusatorio de la Fiscalía; y por su parte el denominado “Tribunal Independiente de Arbitraje”, graciosamente favoreció con un fallo arbitral a la empresa Via Advisors con un posible perjuicio al Estado ecuatoriano, frente a lo cual, he demandado la acción enérgica de las autoridades judiciales.

De otro lado, debo señalar que durante el período en el que estoy al frente de la Contraloría General del Estado, se han confirmado 8 962 responsabilidades civiles y administrativas, las cuales, comparadas con los ocho años que anteceden, se ha incrementado en 62% la acción de control. Adicionalmente, se omitieron 732 informes con indicios de responsabilidad penal, los mismos que siguiendo el curso legal fueron presentados a la Fiscalía para su análisis y juzgamiento; y, 4 245 informes aprobados desde febrero de 2007.

Esto constituye una clara y suficiente demostración del alcance de la acción de control desde la función que ejerzo, la cual ha merecido el reconocimiento por parte de la Organización de Participación Ciudadana, que ha colocado a la Contraloría en el primer lugar de transparencia.

Finalmente, acerca de mi patrimonio, producto de mi vida profesional, es absolutamente diferente a la supuesta ‘fortuna y empresas’ que se atribuye poseer y ha quedado registrado siempre en forma transparente en mis declaraciones patrimoniales en cada una de las funciones públicas que he desempeñado.

En su momento, al concluir diversas funcione de gobierno, la propia Contraloría General del Estado, en administraciones anteriores a la mía, realizó una exhaustiva auditoría a mi gestión en varios organismos públicos, que concluyó sin determinar anomalía alguna.

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