4 de marzo de 2018 11:35

Washington Prado, preso en Miami, colabora con la DEA

El 24 de febrero pasado, agentes de la Interpol trasladaron a Prado desde Bogotá hacia Miami. Foto: Fiscalía de Colombia / EFE

El 24 de febrero pasado, agentes de la Interpol trasladaron a Prado desde Bogotá hacia Miami. Foto: Fiscalía de Colombia / EFE

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Javier Ortega
Redactor (I)

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La celda asignada a Washington Prado mide dos metros de ancho por dos de largo. El cuarto, adaptado con una letrina, lavabo, cama y una ventana pequeña, es parte de las denominadas unidades especiales de vivienda de la cárcel federal de Miami, en EE.UU.

El manabita -denominado por los medios colombianos como el ‘Pablo Escobar’ ecuatoriano- lleva una semana confinado en ese centro. El gobierno de Juan Manuel Santos lo extraditó el sábado 24 de febrero del 2018.

Al día siguiente, ya en la cárcel de Miami, los guías penitenciarios registraron sus datos y le entregaron una Biblia. Desde entonces comparte pabellón con otros narcos de renombre, como Álvaro López Tardón, condenado a 150 años.

A las llamadas unidades especiales de vivienda (SHU por sus siglas en inglés)ingresan tres tipos de prisioneros: aquellos que cometen faltas disciplinarias graves, los que prefieren mantenerse aislados por seguridad, o los recién llegados, considerados peligrosos, y que tienen pendiente el traslado a otra zona de la cárcel.

Prado, también conocido bajo el alias de Gerald, está en ese último grupo. “Es una especie de celda de castigo”, relata a este Diario Walter Vallejo, uno de los dos abogados ecuatorianos que lo defienden.

Las autoridades de EE.UU. investigan a Prado porque supuestamente traficó 250 toneladas de cocaína desde el Pacífico hasta ese país. El capo utilizaba lanchas rápidas para movilizar la droga (ver info).

De hecho, el ecuatoriano se inició en el mundo delictivo como un lanchero, en el 2006. Para el 2015 él ya manejaba toda la cadena del narcotráfico: cultivo, procesamiento, transporte y venta. No necesitaba de otros grupos para coordinar estos negocios ilícitos, advierten agentes de Inteligencia.

Las investigaciones refieren que Prado también mantenía negocios con guerrilleros de las FARC que operaban en Nariño, el departamento colombiano que limita con Esmeraldas, donde se encuentran las extensiones más grandes de plantaciones de hoja de coca.

Él pagaba a los armados por sacar la cocaína del territorio colombiano, refieren los agentes. Precisamente, Gerald trató de detener el trámite de extradición alegando ser parte de la guerrilla e intentó acogerse a la Justicia Especial de Paz, un sistema que otorgará la amnistía a aquellos subversivos que no estén involucrados en crímenes considerados atroces.

Para avalar el nexo con las FARC, el capo logró que el exjefe de la columna Daniel Aldana lo reconociera como colaborador de la guerrilla.

La certificación, sin embargo, no fue aceptada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz y su extradición continuó.

Ahora, ya en Miami, Prado y su equipo de abogados colaborarán con la DEA, la unidad antidrogas de EE.UU., para conseguir una rebaja de la pena. Al ecuatoriano lo asesoran seis juristas: dos de Ecuador, tres de Colombia y uno de Miami.

El capo entregará datos de las rutas empleadas para el traslado de la cocaína y los nombres de sus colaboradores.

Las conversaciones se iniciaron desde hace cinco meses y actualmente ya están avanzadas, aseguran sus abogados. Incluso se someterá al polígrafo (detector de mentiras).

La defensa espera que la Justicia le imponga una pena máxima de cinco años, tomando en cuenta su cooperación judicial. La sentencia podría conocerse en unos dos meses.

Antes de llegar a la cárcel federal de Miami, alias Gerald permaneció en la prisión de Valledupar (norte de Colombia) y en La Picota, en Bogotá.

Desde su captura, en abril del 2017, Prado se ganó una fama inusitada debido al apodo de ‘Pablo Escobar ecuatoriano’. A la cárcel de Valledupar, por ejemplo, llegaron abogados de Ecuador, Colombia, Perú, Chile o EE.UU., intentando un contrato para defenderlo.

“No podemos compararlo ni remotamente con Escobar porque él tenía un emporio y se jactaba de sus bienes. Ese apodo es un invento del gobierno de Santos”, dice Vallejo.

Sin embargo, en Ecuador, la Fiscalía confiscó USD 17 millones en efectivo, escondidos en caletas y vinculados con Prado. También se dice que manejaba una flotilla de lanchas.

Esos hallazgos originaron la apertura de un proceso por delincuencia organizada. De haber sido extraditado al país, él habría reconocido su participación en actividades ilícitas, advierte el abogado Vallejo.

Él y Jorge Sosa, otro defensor de Prado, viajaron el martes pasado a Bogotá, donde sesionó la Comisión Interamericana de DD.HH, y permanecieron hasta el viernes último.

Allí se reunieron con los comisionados y les expusieron las aparentes irregularidades en la extradición. También activaron un juicio contencioso contra el Estado colombiano.

“Es la primera vez que un ecuatoriano es extraditado desde otro país. Algo insólito. Además, el tratado de extradición ya no está vigente. Colombia solo puede avalar extradiciones de ciudadanos de su país”, advierte Sosa.

Gerald, mientras tanto, sigue confinado en la cárcel de Miami, con salidas esporádicas al patio.

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