La Cámara de Comercio de Guayaquil hizo reparos. Los empresarios demandaron más diálogo. Foto: EL COMERCIO
Washington Paspuel (I)
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La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea empezará desde la próxima semana el tratamiento de la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.
El proyecto de reformas fue entregado por el presidente Rafael Correa a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, durante un mitin en Guayaquil, el pasado sábado.
Luego de que el Consejo de Administración Legislativa remitió el documento de 44 artículos a la Comisión, esta tendrá 45 días para presentar el informe para el primer debate.
Los representantes de los gremios sindicalistas y de los empresariales esperan participar más activamente en el análisis y debate de las reformas que a su criterio. Ambos sectores coinciden en mencionar que su participación durante la elaboración de las propuestas no fue la que deseaban.
Los 44 artículos –tres de ellos relativos a reformas a la Ley de Seguridad Social– fueron la respuesta del Gobierno al proyecto de nuevo Código Laboral que el propio presidente Correa desechó, tras la marcha de sindicalistas el pasado 17 de septiembre.
Las reformas al Código Laboral se agrupan en cinco grandes ejes “temáticos” que, según el Gobierno, propugnan “la modernización del sistema laboral, la universalización de la seguridad social, y la estabilidad de los trabajadores”.
Aunque el proyecto propone reformas como la mensualización de los decimotercero y decimocuarto sueldos, que tanto sindicalistas como empresarios estiman que no ameritan un mayor debate, sí establece cambios que generan rechazo en ambos sectores. Estos hacen observaciones al nuevo modelo de contrato indefinido, que consideran inadecuado.
La Comisión legislativa que analizará el proyecto de reformas también tendrá la tarea de revisar la redacción de los artículos.
A decir de Betty Jaramillo, abogada especialista en el área laboral, algunas reformas, como la referente al techo de las utilidades, tiene una redacción que no está clara. “Hay un artículo puntual sobre las utilidades de las personas trabajadoras de empresas de actividades complementarias. Aparentemente no tendría mayor impacto; sin embargo, por la redacción de la norma, ahora esas empresas ya no pagarían utilidades a sus trabajadores”, sugiere la jurista.
Actualmente, el Mandato 8 determina que los trabajadores accedan a la utilidad mayor entre la empresa complementaria o la usuaria. “Por la redacción –que bien podría ser un error y podría ser enmendado- las empresas de actividades complementarias ya no pagarían utilidades a sus trabajadores, y estos accedieran a las utilidades de la empresa usuaria”, señala Jaramillo.
Las reformas presentadas por el régimen
Derecho a la estabilidad. La principal propuesta es la eliminación de la figura del contrato fijo. Se crea el despido nulo para las mujeres en gestación y para los dirigentes sindicales.
Equidad salarial. Los altos directivos de una empresa no podrán ganar un salario superior al monto que resulte de multiplicar la remuneración más baja de la empresa por 20, según se ha anunciado. Así, si el empresario se fija un sueldo de USD 20 000, el obrero menos calificado percibirá USD 1 000.
Mensualizar los décimos. Se propone que los empleados se acojan de manera voluntaria a la mensualización del decimocuarto y decimotercer sueldotanto en el sector público como en el sector privado.
Representación laboral. Se busca el voto universal, libre y secreto de los empleados para escoger a los dirigentes de los sindicatos. Se propone el voto en el Comité de Empresas sin estar afiliado.
Pensión a jefas de hogar. Se prevé beneficiar a 1,5 millones de trabajadoras del hogar, incorporándolas en el sistema de seguridad social.
Sindicatos marcharon el 19 de noviembre
Estabilidad sin discrimen. “Queremos que la estabilidad sea para todos, y que dentro de ella, que esté la figura del reintegro”, propone Eduardo Ortega, presidente de la Fed. Democrática de Trabajadores del Guayas.
Mejorar los sueldos. Ortega dice que se debería cumplir que el salario mínimo esté ligado al costo de la canasta básica. “La Transitoria 15 de la Constitución dice que el salario básico unificado debe ser igual de la canasta básica, que hoy sobrepasa los USD 600”.
Jubilación de la mujer. “En Montecristi promovimos el proyecto para que la mujer se jubile a los 25 años de trabajo, pero no le dieron trámite”, señala Armando Méndez, secretario del Sindicato Único Provincial de la Salud.
Contrato de trabajo fijo. “Los contratos indefinidos lo ponen como una conquista, pero en la Ley Orgánica del Servicio Público permanece vigente el artículo 58, que establece que los contratos son a plazo fijo”, dice Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos.
Los empresarios demandaron más diálogo
Flexibilidad laboral. “Hablamos de equidad. Cuando se tiene a un colaborador trabajador, se trata de evitar que se lo lleve la competencia. No por proteger a las personas que ya tienen empleo, debemos tener un código que hará muy difícil contratar a nuevas personas”, dice Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Afiliación amas de casa. “El Estado ha estado incumpliendo la propia Constitución que define que se debe afiliar a los trabajadores autónomos y las amas de casa. Aquí vemos un problema, no hay un detalle del financiamiento”, reitera Arosemena.
Contrato a plazo fijo. “Si algo funciona bien, para que cambiarlo”, precisa Juan Carlos Díaz-Granados, director de la Cámara.
No al techo a las utilidades. “Un techo al beneficio de las utilidades no solo afectará a la telefónicas, sino a las otras industrias, a las empresas que repartan utilidades por sobre el techo propuesto”, dice Bryan Zambrano, representante de los trabajadores de la operadora Conecel.