22 de January de 2011 00:00

Una zancadilla a los procesos revocatorios

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Omar Simon lideró el cambio de reglas para la validación de firmas para los procesos revocatorios. El 6 de enero pasado, él propuso una reforme al Reglamento al Código de la Democracia y su posición fue respaldada en el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La resolución se tomó cinco meses después de que se iniciaran las revocatorias y en las cuales están involucradas 580 autoridades a escala nacional. Entre ellas, el presidente Rafael Correa.

Simon, como titular del Consejo Electoral, propuso que las personas que no hayan justificado su ausencia como vocales de mesa ni pagado la multa, o explicado su ausentismo en las últimas elecciones (junio del 2009), no se les valide su firma en los formularios para las revocatorias del mandato. Ese nuevo requisito entró en vigencia reformando el literal C del artículo 19 de ese Reglamento.

Carlos Vera, quien encabeza el proceso revocatorio contra el presidente Correa, prendió las alertas sobre esta sorpresiva resolución del Consejo Electoral. Él aseguró que la intención del Consejo es trabar los intentos para censurar a los funcionarios públicos, que se encuentran garantizados por la Constitución vigente.

El opositor dijo que su propuesta de revocatoria sería una de las más afectadas con esa decisión. Él calculó que 800 000 firmas, de las 1 200 000 que había recolectado, no serían validadas por la aplicación de la reforma. El 20 de febrero próximo se cumplirá el plazo que tiene Vera para presentar las 1,5 millones de rúbricas para oficializar el pedido de este proceso constitucional.

Las revocatorias de mandato se convirtieron en un búmeran para las autoridades que impulsaban este recurso, como una de las novedades para el control ciudadano en la nueva Constitución.

El Jefe de Estado ha asegurado que no tiene temor a una posible revocatoria y está convencido de que Vera no obtendrá el número de firmas para oficializar el pedido. Sin embargo, ante la ola de revocatorias, las instituciones estatales han empezado a buscar las formas apaciguar esa iniciativa.

Los alcaldes del país han encabezado la propuesta para que se reformen las reglas de las revocatorias, especialmente sobre los requisitos que se deben presentar para impulsar la destitución de cualquier autoridad pública.

La Asamblea y la Corte Constitucional tienen en sus manos proyectos para cambiar el terreno jurídico de estos procesos; pero las decisiones tomarán algún tiempo. En este escenario, la resolución del Consejo Electoral sirve como una zancadilla para las revocatorias que están en marcha.

Simon no ha ocultado su posición crítica ante el sistema legal que respalda actualmente los procesos de revocatorias. Él ha dicho que es necesario un cambio.

También ha defendido su propuesta del 6 de enero pasado. Aseguró que la inclusión de ese requisito pretende cumplir con la Constitución, la cual señala que el proceso de revocatoria de mandato es una potestad del mandante, es decir el votante. Según el criterio de Simon, solo las personas que fueron a las urnas en abril del 2009 pudieran participar en los procesos de revocatorias.

Fausto Camacho, su colega en el Consejo Electoral, fue más práctico y declaró que la norma no afecta a un universo grande, como lo dijo Vera. Explicó que las personas que hayan pagado su multa pueden firmar y apoyar cualquier revocatoria.

¿Quién es?

Es licenciado en Sociología. Estuvo en Cedatos y en el Consejo Provincial de Pichincha. Fue Coordinador Político Institucional y Subdirector Ejecutivo de la Corporación Participación Ciudadana.

¿Qué hizo?

Cinco meses después del inicio de las revocatorias impulsó una reforma para imponer más requisitos para las personas que apoyen la revocatoria de mandato de las autoridades a escala nacional.

Lo que dijo

“Que Carlos Vera presente las firmas, se las verificará y si él considera que se ha afectado un derecho, puede acudir a otra instancia, incluyendo el propio Consejo Electoral”, según Ecuadorinmediato.

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