Finalmente, el propósito de debilitar a la OEA y a su Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cumplió. Por lo tanto, ya no es urgente que los gobiernos soberanos de América Latina le dediquen ‘lobby’ diplomático y recursos económicos al fortalecimiento de la recientemente creada CELAC.
Lo que ocurrió estas dos semanas demuestra que la OEA es ya presa fácil de los acuerdos políticos típicos de los congresos. Tras la conformación de una mayoría, el Consejo Permanente decidió no dar paso a la intervención de la dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, para dar su versión sobre la crisis política de ese país. La verdad es que con 22 votos se privó a una latinoamericana de dar su versión (acertada o equivocada) ante ese organismo regional.
Los dirigentes que, por años, forjaron sus carreras políticas mostrando su solidaridad por el bloqueo económico y político a Cuba ahora hacen lo mismo, sin que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, muestre la menor de las preocupaciones.
La situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es menos delicada. A semana seguida los gobiernos de Colombia y de Ecuador se negaron a acatar sus medidas cautelares, respecto a dos temas que tienen mucho de político (la destitución del Alcalde de Bogotá y la sentencia penal contra el asambleísta ecuatoriano Cléver Jiménez).
Con la decisión de estos dos presidentes se sienta una preocupante jurisprudencia, pues a futuro las medidas de la CIDH se volverán discrecionales, según la conveniencia de los gobernantes.
Si esa lógica se impone en el organismo hemisférico y su Sistema Interamericano, para qué insistir en la CELAC (esa suerte de OEA sin EE.UU. y Canadá). Total, dicho foro se convirtió en un club de amigos, donde el interés de los presidentes de los distintos países es blindarse de las crisis políticas y no velar por lo que es en verdad importante: el respeto de los DD.HH.