7 de January de 2011 00:00

Voto masivo para la donación de órganos

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La Ley que busca universalizar la donación de órganos y tejidos en el país está cerca de cristalizarse.

Ayer, casi por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.

Un total de 111 legisladores de 113 presentes en el Plenario votó a favor de la iniciativa, que contiene 84 artículos, tres disposiciones generales, cinco derogatorias, tres generales y cuatro transitorias.

Tras el pronunciamiento de la Legislatura, el cuerpo legal pasará a conocimiento del Ejecutivo, que deberá aprobarlo o vetarlo.

Una de las partes esenciales de esta ley es la regulación de la donación. Su art. 29 señala que al fallecer, los ecuatorianos mayores de edad y los extranjeros residentes serán considerados como donantes de órganos y tejidos.

No obstante, la ley incorpora una salvedad. Da la posibilidad las personas en vida puedan expresar su voluntad de no donar órganos en el momento de morir.

“La manifestación, restricción o condicionamiento de la voluntad para la donación se hará constar en la cédula en el caso de los ecuatorianos y en cualquier otro documento de identificación en el caso de los extranjeros residentes”.

Para aplicar esta restricción de donación, la ley otorga un plazo de un año al Registro Civil, que maneja la identificación de las personas que viven en el país.

En el caso de los menores de edad que hayan fallecido, solo sus padres o representantes legales podrán autorizar a que se empleen sus órganos en trasplantes.

En esta legislación también se dispone que durante un año las autoridades del ramo promocionen el contenido de este nuevo marco jurídico en esta materia.

La entidad encargada de esta campaña de concienciación será la Autoridad Sanitaria Nacional, entidad que deberá crearse, de acuerdo con lo que se fije en el reglamento de esta ley. Este organismo, además, normará, regulará y controlará la actividad trasplantológica y vigilará a las compañías de seguros y de salud privadas.

La nueva ley también regula otros aspectos de la transferencia en vida de órganos y tejidos. Por ejemplo, impide que haya donaciones a ciudadanos extranjeros que no vivan en el Ecuador.

Las instituciones acreditadas para la realización de trasplantes estarán impedidas de realizar actos quirúrgicos de donación o implantación de órganos y tejidos a pacientes extranjeros que no sean residentes legales.

De acuerdo con el criterio de los legisladores de todas las bancadas, esto impedirá que el país se convierta en un territorio de comercialización ilegal de órganos.

Dos normas claves para la donación

La Ley permite a las personas a negarse a donar sus órganos

 

Art. 31

Registro de la manifestación de voluntad. Es obligación de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación consultar y recabar de las personas mayores de 18 años, que concurran ante dicho organismo, la manifestación de su voluntad respecto de tener o no la calidad de donantes de órganos y registrarla en el documento de identificación respectivo.

Art. 25

Lista de Espera Única Nacional. Los órganos, tejidos y/o células serán distribuidos respetando la Lista de Espera Única Nacional. En casos específicos, en base a las escalas técnicas adoptadas para cada órgano y tejido en particular. La Lista se establecerá de acuerdo con los parámetros definidos de conformidad con el reglamento que, para cada órgano, se establezca.

Aún se ingresan cambios a la Ley de Transporte

Al bloque de Alianza País le pareció que el artículo 98 del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, sobre la recuperación de puntos de la licencia de conducir era “tremendamente tibio”. Ese es el argumento de la legisladora Betty Amores.

Por eso, entre otros temas, a las 21:13 del miércoles, por disposición del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, se suspendió la convocatoria para la continuación de la votación del proyecto, prevista para ayer.

Amores propuso que para recuperar los puntos (únicamente el 50%) , el conductor deberá enviar una solicitud al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito y Transporte.

Además, presentar certificados de la Agencia, que demuestren que no se ha incurrido en nuevas infracciones durante el último año, contado desde la última infracción; de haber aprobado el curso de conducción por un mínimo de 180 horas y un documento otorgado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de que el peticionario no tiene juicios pendientes por infracciones de tránsito, en ningún juzgado del país.

Saruka Rodríguez (PRE), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, a cargo de este proyecto, no descartó la inclusión de este y otros cambios.

Ratificó que está facultada para incorporarlos, rechazando de este modo las críticas de Rafael Dávila y Enrique Herrería.

Andrés Roche (Madera de Guerrero) estuvo de acuerdo con la suspensión de la votación. “Ningún parlamento debe prestarse para legislar a favor de individuos o de intereses particulares e inconfesables”. A su criterio, el proyecto de ley contenía articulados que pretendían perennizar inconstitucionalmente a Ricardo Antón (presidente de la Comisión Nacional de Tránsito). Y considera que la propuesta era “pro transportistas y no pro ciudadanía”.

Virgilio Hernández, uno de los coordinadores del oficialismo, señaló que la acción de los 221 municipios no da como resultado una política nacional. Por lo que era necesario contar con un organismo público nacional que emita políticas públicas, en el que deben estar representados los gobiernos seccionales, como lo señala el Código de Ordenamiento Territorial.

Hasta ayer en la noche, las bancadas aún no decidían cómo se pronunciarán.

Esperan el texto definitivo que se votaría la próxima semana. Así lo confirmó Gilmar Gutiérrez. Al PSP le preocupaba que no se respetara la competencia exclusiva que tienen gobiernos locales en el tema transporte y que se encarcele a los taxistas ilegales o ejecutivos.

El articulado

Sobre los taxis ilegales. El proceso de regularización concluirá dos meses después de la aprobación de esta ley. Quienes no estén inmersos en este proceso serán sancionados con la reducción de 10 puntos y una multa (dos remuneraciones básicas).

Jorge Calderón, presidente de la Confederación de Transportistas Terrestres, rechazó la postergación de la votación. Pero el dirigente gremial dijo apoyar los cambios que disminuyan la inseguridad vial.

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