Pocas voces críticas en el bloque de Alianza País sobre el plebiscito

En la Asamblea, todos opinan sobre la validez o la inconstitucionalidad de las preguntas del plebiscito, planteado por el Jefe de Estado. Pero el oficialismo se blinda en una opinión de consenso: hay que escuchar el clamor ciudadano.

Gina Godoy, quien además fue asambleísta constituyente, acepta que algunos de los puntos planteados pudieron llegar al Legislativo a través de un proyecto de ley.

Pero asegura que “los temas de justicia, el pueblo se los ha demandado al Presidente, quien no ha sido ajeno y por eso presentó el planteamiento para reformar no solo leyes sino lo más grande que es el texto constitucional. Hay que sintonizarse con esa demanda”.

Godoy no niega sentir dolor por el cambio que se hará al texto de Montecristi. Pero “estas penas personales, compartidas por compañeros constituyentes, no son suficientes ante el pedido del pueblo, en materia de justicia”.

Juan Carlos Cassinelli y César Rodríguez, ambos coordinadores de bloque, defienden el derecho constitucional del presidente Rafael Correa de hacer enmiendas a la Carta Magna, tras consultar a la ciudadanía.

Rodríguez se sorprende porque “algunos sectores políticos se rasguen las vestiduras diciendo que el Presidente quiere convertirse en monarca del Ecuador”.

Pero su coidearia Betty Amores es más crítica. Considera que el 80% de las preguntas de reforma no cambian artículo alguno de la Constitución y “pudieron modificarse a través de reformas legales, planteadas por el presidente Correa, en uso de su atribución como colegislador”.

Un ejemplo: para tipificar nuevos delitos en materia penal no se requiere una reforma constitucional, sino cambiar el Código Penal -señala-. En cuanto a los ajustes en el sistema judicial dice que nadie niega que la ciudadanía exige un cambio profundo.

Sin embargo, se postergará la solución de los problemas pues las comisiones de transición están supeditadas a que la comisión titular pueda derrocar o revocar sus planteamientos.

Amores teme que se regrese al pasado, cuando el Presidente de la ex Corte Suprema de Justicia además de decidir sobre derechos en última instancia tenía el poder de escoger a quien excluía y a quien colocaba. “El Consejo de la Judicatura aprendió a separar la facultad de administrar justicia y de gobernar. Hay un retroceso en el planteamiento sobre la conformación de ese consejo”.

Virgilio Hernández, otro de los coordinadores del oficialismo, ratifica ser un partidario de los mecanismo de democracia directa y de consulta popular. No esconde una molestia: los cambios en la tesis sobre la caducidad de la prisión preventiva, “son cambios, que como asambleísta constituyente no me dejan de doler. Pero es algo que se debe hacer. Yo creo que el problema fundamental está en los operadores de la Justicia, por eso la decisión debe estar en términos de la ley no del juez”.

Y señala que hay temas que a pesar de haber estado en debate no tuvieron una respuesta definida, incluso dentro de A. País. Por eso el pueblo debe decidir.

Es la misma tesis de Mauro Andino, Mary Verduga y Guillermina Cruz, expulsada del PSP y muy cercana a la bancada gobiernista.

Para ella, el país se ha debilitado en el tema justicia. Dice que la gente le pide al Jefe de Estado enfrentar el problema para asegurar el derecho a tener seguridad.

Comenta que la Asamblea ha debatido mucho sobre este punto. Recuerda haber sido dura en su planteamiento de sanciones al delito de sicariato, sin importar si los actores son jóvenes. Y que cada cierto tiempo se le pide a Correa declarar estado de excepción en una y otra provincia...

Niega que la Asamblea no haya podido dar una respuesta concreta al problema de la inseguridad. Pero sostiene que esta es una decisión que debe tomar Rafael Correa, con apoyo ciudadano. Y que el pueblo también debe decidir temas de debate público como toros y juegos de azar, por más simples que parezcan.

Ayer, desde las 18:00, la bancada tenía previsto mantener su reunión de los miércoles. Se anunció la presencia de Galo Mora, secretario general del movimiento, para hablarles sobre el proceso de recolección de firmas para inscribir al movimiento. Aunque no se descartó la idea de unificar la posición de Alianza País en torno al plebiscito.

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