La consulta prelegislativa previa a la aprobación de la Ley de Aguas generó un primer conflicto. Cada sector político y social la asume desde un diferente ángulo.
Para la Corte Constitucional (CC), esta fórmula busca ampliar y profundizar la participación ciudadana. Los indígenas exigen que esta consulta tenga un carácter vinculante. Mientras que los asambleístas de A. País dicen que los resultados que esta arroje no necesariamente se incluirán.
La disposición constitucional (Art. 57, numeral 17) señala que la consulta es obligatoria para los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, sobre los temas que pudieran afectar sus derechos.
No obstante, será la Asamblea Nacional la que establezca cuáles serán los artículos de la Ley de Aguas que serán consultados.
El presidente de la CC, Patricio Pazmiño, señala que la figura de la consulta prelegislativa, emitida por su organismo, dentro del análisis de la Ley Minera, busca profundizar la comunicación entre los diferentes actores. En ese sentido, asegura que, a pesar de que la Asamblea definirá los temas, el proceso consultivo debe ser abierto para acoger las visiones de los pueblos y nacionalidades.
Rolando Panchana, vicepresidente de la Asamblea, tiene una posición distinta. Cree que las preguntas se deberán ceñir a lo que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) establezca. “Cómo así que quieren que se les consulte lo que les parece. Problema de ellos si no quieren esas preguntas”, critica.
La resolución de la Corte también especifica que este mecanismo se deberá aplicar a futuro en toda norma que pueda afectar los derechos colectivos. Por eso, Pazmiño pide al Legislativo que se analice a fondo qué otro proyecto de ley requiere consulta.
Panchana cree que el código de Ordenamiento Territorial, la ley de Educación Superior y la de Cultura son susceptibles de este espacio de debate.
¿Y la de Comunicación? “Yo no veo que en esa ley haya una afectación real y fáctica”, dice el Vicepresidente de la Asamblea. Ello a pesar de que este proyecto concede un espacio importante al tema de medios comunitarios y de la profesionalización de los comunicadores de este sector.
La próxima semana, el CAL se reunirá para analizar el procedimiento que se utilizará. Uno de sus miembros, Fausto Cobo (PSP), dice que la consulta es una “artimaña que se sacó el Gobierno de la manga para demorar el debate y dividir a los indígenas”.
Pero la CC señala que ha aplicado y reconocido los derechos vigentes en las normas internacionales. “La consulta demostrará la madurez política. No van a ir al diálogo con agendas ocultas. Sino con buena fe”, dice Pazmiño.
La asambleísta Lourdes Tibán ve aquello imposible e insiste en que la consulta sea vinculante.
Fernando Cordero / Presidente de la Asamblea
‘Pudimos caer en desacato’
El Presidente de la Asamblea Nacional respondió ayer a las inquietudes de los periodistas sobre la polémica alrededor del debate de la Ley de Aguas:
1. ¿Qué pasa si el Pleno no acoge el fallo de la CC?
Si se votaba la Ley de Aguas no solo cabía la posibilidad de una demanda de inconstitucionalidad sino de que caigamos en desacato. Este es un delito sancionado con cárcel. Al ser una sentencia inapelable de la Corte Constitucional, podía destituirnos. Hubiera salido baratísimo, y ya no había muerte cruzada.
2. ¿Cómo fue la actuación de Jaime Abril ?
Seguramente el Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria es uno de los despistados. Está ocho meses hablando con quienes tienen derechos colectivos y no nos habla de la consulta, como se dio tras el fallo de la Ley Minera.
3. ¿Qué efectos tiene una consulta prelegislativa?
El resultado de la consulta no es vinculante, según la Constitución. Pero hay una ventaja: al tratarse de derechos hay una comisión ad hoc que debe actuar a nombre de la Asamblea. Si se mantiene un disenso, este se resolverá de forma democrática. Quien tiene votos gana y si ninguno los tiene no entra ese criterio. Y nada impide votar por los informes de minoría si el de mayoría no consigue adhesiones. Si la ley no cuenta con suficientes votos, al día siguiente se puede presentar otra propuesta.
4. ¿Qué leyes pueden ser factibles de esta consulta?
Las Ley de Educación General, por el tema de la Educación Intercultural Bilingüe. También la de Culturas y la de Ordenamiento Territorial. No sabemos si la de Comunicación, por el espectro radioléctrico. El tema está en manos del CAL, que deberá elaborar un reglamento.
5. ¿Quiénes participarán en la consulta?
No sabemos cuántas organizaciones están registradas, no hay un inventario. El Codenpe, el Ministerio de Agricultura, etc. nos podrían ayudar en esa tarea. Si son muchas debemos procurar que las comunidades que tienen entidades comunes elijan a un representante.