25 de June de 2011 10:40

Vicepresidente colombiano rechaza llamado a juicio a militares

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El vicepresidente Angelino Garzón rechazó el llamado a juicio que hizo una corte de Ecuador a varios oficiales de la cúpula militar de Colombia, por cuenta del operativo que se realizó en territorio del país vecino contra un campamento de las Farc durante el cual murió 'Raúl Reyes'.

Garzón defendió la legitimidad de la denominada 'Operación Fénix', al escribir en su cuenta de twitter que "acción contra las Farc donde murió Raúl Reyes fue una decisión de Estado, por lo tanto la defensa de nuestros Generales es un deber de Estado".

A esta defensa de la cúpula militar colombiana se sumó el actual comandante del Ejército, general Alejandro Navas, quien también se pronunció a través de las redes sociales afirmando que "nuestra incondicional solidaridad y apoyo al mando militar y policial de la Operación Fénix ante tan ilógica decisión".

Los pronunciamientos de Garzón y Navas se dan después de que la Corte Suprema de Sucumbíos, Ecuador, decidiera llamar a juicio a varios oficiales por el bombardeo que en 2008 tropas colombianas realizaron en esa población a un campamento de las Farc en el fue abatido 'Raúl Reyes

Llamamiento a juicio

Tres años y tres meses después de la operación Fénix, en la que cayó 'Raúl Reyes' (segundo hombre de las Farc), y superada la crisis diplomática que generó esa acción militar, la Sala Única de la Corte de Justicia de Sucumbíos (Ecuador) llamó a juicio a la cúpula de las Fuerzas Armadas del 2008, para que responda por el bombardeo en territorio ecuatoriano.

El requerimiento, en calidad de autores de homicidio, aplica para el actual director de la Policía, general Óscar Naranjo; los generales retirados Freddy Padilla (ex comandante de las Fuerzas Militares), Mario Montoya (ex comandante del Ejército), Jorge Ballesteros (ex comandante de la Fuerza Aérea), Guillermo Barrera (ex comandante de la Armada) y el coronel Camilo Álvarez (Inteligencia de la Policía).

En la decisión, el alto tribunal se abstuvo de incluir al presidente Juan Manuel Santos, quien para marzo del 2008 era el ministro de Defensa.

En la noche del viernes, ante este hecho, el Gobierno colombiano, a través de la canciller María Ángela Holguín, expresó el rechazo "categórico" de la decisión judicial y consideró que se trató de una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil.

Holguín reiteró que el Estado "desestima" las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes realizaron una operación contra el terrorismo.

"El Estado colombiano, con sujeción al Derecho Internacional Humanitario, adelantó la operación Fénix en contra de un campamento de las Farc que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana. Esa operación, reiteramos, constituye un acto de Estado contra reconocidos terroristas internacionales", señaló.

En su decisión, los magistrados del tribunal de Sucumbíos acogieron los argumentos de la Fiscalía General del Estado, que determinó que "existen presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito" del presunto asesinato.

En la operación contra el campamento de las Farc, ubicado en Angosturas, en la frontera ecuatoriana, murieron, junto con 'Reyes', cerca de 26 personas, entre ellas el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro universitarios mexicanos.

La acusación hecha por la justicia del vecino país señala a los oficiales como "autores" de homicidio, que según la norma se tipifica "cuando se ha imposibilitado a la víctima a defenderse, por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos, buscando el propósito, la noche o el despoblado para cometer el homicidio".

En febrero del año pasado, el proceso contra los militares y el presidente Santos había sido cerrado por el juez tercero de lo penal ecuatoriano, Francisco Revelo, pero tres meses después el juez Daniel Méndez retomó el caso.

En julio del 2009, cuando la justicia ecuatoriana intentó que se librara orden de ubicación contra Santos, la Interpol negó la solicitud.

Dijo que no procedía, dado que el proceso judicial estaba basado en razones de "carácter político", y recordó que, igualmente, tiene prohibido intervenir en asuntos de carácter militar, religioso o racial.

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