‘Les pido a mis compañeros de Alianza País y a mi Gobierno ponerse del lado de la ciudadanía… Y que no se concedan las reformas en el tema de los puntos”.
Las palabras de Virgilio Hernández se escucharon en medio de abucheos de los choferes y del personal de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), ubicados en las barras altas de la Asamblea Nacional, en Quito. También, entre los aplausos de varios de sus compañeros y de legisladores como Andrés Roche y Enrique Herrería, de M. de Guerrero.
El legislador no apoya el art. 98 del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que se discute en segundo debate. El informe del proyecto legal lo coordina la mesa de Desarrollo Económico, de Saruka Rodríguez (PRE).
Ahí se señala que perdidos los primeros 30 puntos, una licencia de conducción será suspendida por un mes y, su titular, tras tomar un curso, los recuperará. Si se perdiera otra vez, la suspensión será de 60 días y el conductor se quedará con 15 puntos. En la cuarta ocasión, la suspensión será de un año.
Actualmente, la ley en vigencia determina que una vez perdidos los 30 puntos, estos no se recuperarán hasta que se deba renovar la licencia caducada.
Hernández dijo saber de las presiones de los gremios de transportistas. Para él, lo adecuado habría sido eliminar la posibilidad de que los sindicatos mantengan sus escuelas de choferes. Como eso no se logró, pide que al mes de iniciado el ciclo académico, presenten la lista de alumnos, de lo contrario “los que toman el curso son unos 7 000 pero se gradúan 30 000”.
Lo miraba atento Jorge Calderón, de la Confederación de Transportistas, quien tenía como principal exigencia apresar a los conductores de taxi ilegales.
Unos 200 choferes rodearon la Asamblea, sin usar vehículos, para presionar por la aprobación de estas reformas legales.
Juan C. Cassinelli (A. País), en cambio, centró su debate en la permanencia de la CTG, ente fundado en 1947.
Cassinelli indicó que este ente lo integraba antes el Alcalde y delegados de las cámaras de Guayaquil y que por lo tanto debía estar gente de la provincia.
En este punto, Hernández, quien trabajó en el Cootad, recordó que la transferencia de la competencia del tránsito a los gobiernos autónomos no era opcional. Y apuntó que si el 60% del parque automotor está en Guayaquil y Quito, en el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito deben estar sus delegados.
La votación será el martes 7.