2 de November de 2011 00:01

¿Una veeduría independiente?

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La reforma integral de la justicia, en función de los resultados de la consulta convocada y ganada por el Gobierno en mayo, necesita a toda costa de un aval jurídico-institucional, y mejor todavía si este es internacional. Eso de que el Poder Ejecutivo meta las manos en la justicia, aunque sea con fines loables, terminará por tener inevitables consecuencias en la institucionalidad del país. ¡Qué mejor que curarse en salud!

Si bien aquí no se llegó al extremo de elegir a magistrados en las urnas, como lo hizo, con resultados contraproducentes, el presidente boliviano Evo Morales, se sometió la integración de una función tan importante como la Judicial a un Consejo de la Judicatura de Transición de inspiración oficialista, lo cual puede marcar el rumbo del cambio.

En este como en otros casos que plantea la democracia “plebiscitaria”, el voto puede terminar por no ser suficiente para garantizar el funcionamiento del modelo. No hay que olvidar que las respuestas a las preguntas sobre la reorganización judicial estaban básicamente motivadas por la oferta de dejar atrás la impunidad frente a la delincuencia, y no necesariamente en un análisis sobre todo lo que hay detrás. Tampoco quienes votaron por la nueva Constitución de la República están plenamente conscientes de lo que significará para la marcha del país la aplicación del “neoconstitucionalismo” que inspira a los gobernantes e incluso a la Corte Constitucional, cuya independencia política sigue marcada por la duda.

El tan mediático como polémico ex juez español Baltasar Garzón vino al Ecuador para empaparse del papel que desempeñarán los veedores internacionales en la reestructuración de la justicia ecuatoriana. Ha ofrecido independencia total en relación con quienes correrán con sus honorarios, y ha dicho que sus recomendaciones se limitarán al ámbito técnico.

Normalmente, las veedurías independientes son las auspiciadas por organizaciones que, a su vez, se hacen cargo de los honorarios de los veedores. Y normalmente, es imposible separar lo técnico de lo conceptual; el medio de los fines. Este caso no será una excepción, de modo que los veedores deben tener claro de que su aval puede ser el aval jurídico-político que necesitan los reformadores.

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