11 de September de 2012 23:59

Los 4 veedores no saldrán de Ecuador

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Agradecen el asilo que, según dicen, les habría otorgado Suecia. Pero no lo aceptarán y se quedarán en el país a pesar de que insisten en que todo está en su contra, desde la esfera gubernamental, tras el dictamen de la jueza Quinta de Garantías Penales.

Ana Cristina Guerrón dictó ayer el auto de llamamiento a juicio de los cuatro veedores del caso Gran Hermano: Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo. Los cuatro ciudadanos le siguieron la pista al cierre de los contratos que habrían firmado empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del Presidente, con el Estado. Y creen que en poco tiempo se dictará una sentencia en su contra.

En el informe que presentaron, en febrero del 2011, señalaron que los contratos ascendieron a USD 657 millones. Y que el perjuicio para el Estado bordearía los USD 140 millones. Además aseguraron que el presidente Rafael Correa sí conocía de los mismos.

Por este motivo, el Presidente los demandó por supuesta falsedad testimonial y perjurio. Él ha desmentido la versión de que conocía de los contratos de su hermano. Los veedores han sostenido que estudiaron documentos y el testimonio de Fabricio Correa.

A la Jueza, proclamar el dictamen, no le tomó ni 10 minutos, luego de escuchar durante más de una hora al abogado defensor Ramiro Román. Sin embargo, la jueza dijo que no había suficientes razones para ordenar la prisión preventiva, como lo recomendó el fiscal Estuardo Flores.

El pedido se produjo ayer, precisamente cuando los veedores esperan la respuesta de Suecia a su pedido de asilo político, lo que les permitiría refugiarse en ese país.

Lo que la jueza sí mantuvo son las medidas sustitutivas: los enjuiciados tienen que presentarse cada 15 días ante esa autoridad.

“No sería justo para la ciudadanía, a la que representamos, que saliéramos huyendo. Nos sentimos sentenciados desde que fuimos llamados por la Fiscalía”, dijo Chambers, uno de los veedores, que reiteró que sus declaraciones no tenían ninguna línea política.

Durante su alegato, el abogado Román, quien asistió solo a la audiencia, le recordó a la jueza Guerrón que sus defendidos presentaron un informe basado en documentos de la Contraloría y la Procuraduría. Por eso le pidió respetar el principio de presunción de inocencia. Comentó que los veedores están desempleados.

En todo caso, preguntó Román a Guerrón, “¿por qué el Presidente (Correa) no sigue un juicio al Contralor y al Procurador?”.

El abogado espera que la notificación escrita llegue a su casillero hasta el 14. Luego de esa fecha, todo será enviado digitalmente.

Para Chambers, simplemente se está cumpliendo con la decisión de “enjuiciar a un grupo de ciudadanos, por el solo hecho de cumplir con su deber. Nosotros somos la suma de todos los miedos del señor Presidente de la República. Los honestos, que pedimos cuentas, que estamos informados, representamos eso”, aseguró Chambers, quien considera que buscan callarlos.

Otro de los veedores, Gerardo Portillo, también esperaba el inicio del juicio. Esto porque considera que “la justicia está politizada. No podíamos esperar otra cosa”. Él también recordó que desde hace cinco meses se les han cerrado las puertas de las empresas públicas y privadas. Por lo que los cuatro están desempleados.

“A mí primero me despidieron de Petroecuador, luego de la Contraloría y, hace poco, del Consejo Nacional Electoral. No puedo ejercer mi profesión de auditor”.

En caso de que se dictara una sentencia condenatoria, los veedores recibirían entre tres y seis años de reclusión mayor. Por ahora la decisión es apelar ante la siguiente instancia: la Corte Provincial de Justicia.

‘Intimidación por vía judicial’

David Rosero,   vocal del Consejo de Participación, comentó que   el derecho  al control social y a la participación está garantizado en los artículos  95 y 204 de la Constitución, aprobada en el 2008.

 “La intimidación a través de cualquier vía judicial  irrespeta  el derecho del ecuatoriano a ejercer la participación y el control  a través de las veedurías. Una autoridad no puede decidir tomar la vía judicial   si un informe no sale de acuerdo a sus intereses”.

Para Rosero queda una preocupación, ya que la ciudadanía no querrá ser parte de las veedurías. “En caso de que continuara el proceso,  quedaría sentado un nefasto precedente  que afecta al derecho de participación. Puede generar temor a otros ciudadanos, interesados en controlar, fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados, ministerios y todas las más de 300 veedurías que tenemos acreditadas como Consejo de Participación”.


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