2 de January de 2011 00:00

Los veedores dicen que el Consejo de Participación limita su trabajo

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La casa de Luis Cruz se convirtió en el centro de operaciones de la veeduría que vigiló el proceso para escoger al Superintendente de Telecomunicaciones. Pese a que en un principio se escogió a 107 veedores para este proceso, solo 54 fueron acreditados.Un requisito fundamental para ello fue asistir a una capacitación realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Fue una de las pocas veces que todos estuvieron juntos. Cruz, coordinador de esa veeduría, reconoce que antes de la selección de la nueva autoridad de control, solo había entre 15 y 20 personas activas. “Muchos se desligaron del proceso porque se dieron cuenta que no era un trabajo remunerado, sino un compromiso ciudadano”, recalca.

Esta es la primera vez que Cruz es veedor y dice que ha hecho su mayor esfuerzo para transparentar la gestión pública. Pero considera que tuvieron limitaciones logísticas y de accesibilidad al proceso de selección. Por ejemplo, nadie les asignó ni una oficina con una máquina para hacer el seguimiento de la documentación de los postulantes.

Tampoco –explica Cruz- se les permitió acceder a la documentación física ya que en el Consejo argumentaron que la custodia de esa información es estrictamente de la Secretaría General del organismo de control. En el Consejo de Participación se han creado, hasta el momento, seis veedurías.

El art. 84 de la Ley de Participación Ciudadana define a la veeduría como un mecanismo de control social de la gestión de lo público. El consejero David Rosero reconoce que falta trabajar más con las veedurías aunque asegura que las puertas del organismo están abiertas. Él hizo un pedido a la presidenta del organismo, Marcela Miranda, para que permitiera que los veedores estén presentes en la revisión de carpetas y accedan a los documentos originales, bajo supervisión de un funcionario. Pero aún no se ha producido una respuesta.

La consejera Mónica Banegas reconoce que, en cuatro oportunidades, solicitó en el Pleno la información sobre la conformación de las veedurías y su trabajo. Sin embargo, hasta el jueves último, ese requerimiento no fue contestado en la unidad de Participación Ciudadana y Control Social del organismo de control.

Karina Guerrero, coordinadora de la veeduría que sigue el proceso de selección del Fiscal General, critica, entre otras cosas, que la fase de recepción de carpetas de los postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección inició sin haberse elegido al Coordinador Nacional de la Veeduría.

“El Consejo no brindó ningún tipo de herramientas (informática, logística o técnica) por ello envié el oficio VFGE-COOR.NAC No. 002 el octubre 26 de 2010, solicitando un espacio físico con mobiliario, computadora con internet y teléfono”.

No se le respondió por escrito. Deforma verbal le dijeron que no hay presupuesto, pero que tratarían de adecuar un espacio pese a que las instalaciones prestadas son pequeñas y los mismos funcionarios no disponen de todas las facilidades. Según un informe presentado por el Consejo, en la conformación de las comisiones ciudadanas, hasta el 12 de noviembre pasado, se habían gastado USD 838 000. De ese total, USD 271 041,46 fueron para comisiones ciudadanas y USD 620 960,22 para veedurías.

Según Guerrero, lo primero corresponde a gastos de equipamientos y sueldos y “en el segundo caso, adquisición de equipos, remodelaciones, compra de inmobiliario y nada para los veedores”. Esto pese a que el art. 7 de la Ley Orgánica del Consejo ordena al organismo establecer mecanismos de apoyo financiero, jurídico y técnico para incentivar la participación ciudadana.

Mientras tanto, los veedores deben hacer su trabajo vía Internet, a través de sus correos electrónicos y revisando la información en la página web del organismo. Por lo menos, así ha trabajado, hasta el momento, la veeduría que supervisa la designación del Procurador General del Estado, aunque también intentan asistir a los plenos. Para María Augusta del Pozo, coordinadora de esa veeduría, su grupo no ha tenido inconvenientes y señala que hay normas que se deben respetar.

“No hemos tenido inconvenientes; ha sido más a nivel técnico internamente en el Consejo, en cuanto las comunicaciones que han llegado con poco tiempo de anticipación”. En eso coincide Marcelo Aragón, coordinador de la veeduría de Superintendente de Bancos, quien recalca que la información de las sesiones del Pleno les llega tarde y se les dificulta su asistencia.

Él vive en Pastaza y asegura que el Consejo no da facilidades para que los veedores de provincia hagan su trabajo. “Son deficiencias que nacen desde el Reglamento”.

El 12 de agosto, la presidenta Miranda ensalzó la alta participación de provincias. Pero según Aragón, este sector tiene limitaciones que han sido pasadas por alto en el Consejo.

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