17 de May de 2012 23:53

Veedores del caso Gran Hermano, con prohibición para salir del país

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En una audiencia poco convencional, con un Fiscal y un Juez suplentes, y sin los acusados presentes, se abrió la etapa de la instrucción en contra de los veedores de los contratos de Fabricio Correa.

Ayer, durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Patricio Navarrete aseguró que encontró indicios de que los cuatro hombres cometieron el supuesto delito de falso testimonio.

Esto, porque en el informe final de la veeduría, entregado en marzo del 2011, Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo aseguraron que el Primer Mandatario sí conocía de los contratos que las empresas de su hermano, Fabricio, habían firmado con el Estado.

Ellos se basaron, según su defensa, en documentos oficiales de instituciones públicas, en videos y en audios de entrevistas del Presidente y de Fabricio.

Estas fueron las mismas ‘evidencias’ que los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita utilizaron para elaborar su libro ‘El Gran Hermano’.

Sin embargo, el Ejecutivo rechazó esta afirmación y demandó a los cuatro veedores por el supuesto delito de perjurio. Además, enjuició a los reporteros por supuesto daño moral. Y pidió una reparación económica de USD 5 millones por cada uno.

La fiscal que asumió el caso por más de un año, María Elena Bayas, determinó en la indagación previa que los hombres actuaron sin tener argumentos sólidos que respaldaran su informe final. No obstante, ayer ella no se presentó en la diligencia. Su reemplazo no dio detalles de este cambio.

Lo mismo sucedió con el juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha, quien debía conocer y analizar el proceso legal. El judicial titular, Raúl Martínez, fue sustituido por Fabián Yánez.

El sábado pasado, el presidente Rafael Correa cuestionó a Martínez, por su desempeño como juez penal. El magistrado rechazó esta versión y dijo que incluso pensaba en iniciar acciones legales por la acusación.

Para el abogado defensor de los cuatro veedores, Ramiro Román, es “muy sospechoso” que el día de la audiencia se designe a un Fiscal y a un Juez distintos. Y consideró que esta es una muestra de la “persecución política” que se ha levantado en este caso.

“Se está amenazando a las familias de mis defendidos, se les vigila, alguien revisa mis correos electrónicos. Es una persecución”, enfatizó molesto Román.

Además, cuestionó que se los trate de “delincuentes” por haber realizado lo que el presidente Correa les pidió: conformar una veeduría y analizar la transparencia con la que se adjudicaron los convenios a las compañías vinculadas con Fabricio Correa.

A la diligencia judicial solamente acudió el abogado Román. Chambers, Quishpe, Portillo e Hidalgo no asistieron a la audiencia, a pesar de que habían asegurado que sí lo harían. Esto, por “temor” a que se les dictara la orden de prisión preventiva y la Policía los detuviera posteriormente.

Durante las casi dos horas y media que duró la diligencia judicial, ninguno de ellos contestó sus teléfonos celulares.

Enseguida apareció la versión de que habían recibido el asilo político en Panamá, uno de los cuatro países a los que solicitaron el refugio (Costa Rica, Reino Unido, Chile). Horas más tarde esto fue desmentido por uno de los veedores (ver compartida).

Mientras su situación política y jurídica se define, los cuatro hombres no podrán salir del país. Además, deberán presentarse ante el Juzgado Quinto de Garantías Penales, cada 15 días. Estas medidas cautelares fueron pedidas por Navarrete y acogidas por el juez.

Ahora, se inicia la recolección de pruebas para “demostrar la inocencia” de sus defendidos, manifestó Román.


Un requerimiento

Pablo Chambers,  Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo tienen previsto enviar esta semana  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)   toda la documentación requerida sobre el proceso abierto en su contra.

Esta fue pedida por la CIDH  el martes pasado, como un requisito en la solicitud de medidas cautelares que hicieran los cuatro veedores.
Luego se pedirá  información al Estado ecuatoriano.

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