19 de May de 2012 00:04

Veedores del caso Gran Hermano pidieron asilo a 4 países más

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Panamá negó ayer el asilo a los cuatro veedores procesados por haber afirmado que el presidente Rafael Correa sabía de los negocios de su hermano Fabricio con el Estado.

En un escueto comunicado difundido en Panamá, la Cancillería de dicho país adujo que los cuatro ecuatorianos “que se han acercado a los predios de la Embajada” en Quito, “no reúnen los elementos necesarios” para recibir el asilo que solicitaron.

“La Cancillería panameña decidió declinar la solicitud de asilo de cuatro ciudadanos ecuatorianos instalados fuera de nuestra embajada en Quito”, indicó por su parte el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Roberto Henríquez, a través de la red social Twitter.

Ante la negativa panameña y el silencio de las embajadas de Costa Rica, Chile y Reino Unido sobre el asilo político, los veedores acudieron a las misiones de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Nicaragua.

Ayer, Benjamín Chambers, uno de los veedores, dijo que "lo que sorprende es que el señor Presidente, quien dice que es muy valiente, sea valiente con cuatro personas indefensas y no sea valiente para recuperar los dineros del Estado metiendo un juicio a su hermano".

Además pidió a Correa que tome acciones "contra quienes tienen que responder por no haber sabido cumplir con lo que quedaron. (...) Por favor, Presidente, dónde está la plata?".

En la tarde, Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo fueron a las embajadas de esos países para presentar la documentación que justifica la supuesta ‘persecución política’ del presidente Rafael Correa en su contra.

El jueves se reunieron con funcionarios de la Embajada de EE.UU.. Allí también pidieron refugio. “En EE.UU. se mostraron preocupados por nuestra situación y por lo que sucede en el país”, manifestó ayer, en rueda de prensa, Chambers.

Sobre ellos pesa un proceso judicial por supuesto falso testimonio. Ellos fueron demandados por el Primer Mandatario, en febrero del 2011, porque afirmaron que Correa sí conocía de los contratos que las empresas vinculadas con su hermano Fabricio firmaron con el Estado.

El jueves pasado, la Fiscalía abrió la instrucción fiscal en contra de los veedores. En 90 días, el Ministerio Público deberá emitir su dictamen.
Mientras tanto, tienen la esperanza de que alguno de los países a los que acudieron, les conceda el asilo político. “Tenemos miedo de quedarnos aquí. Si
algún país nos da asilo, lo aceptaríamos por seguridad. Nos sentimos juzgados y condenados”, dijo Chambers.

Su abogado defensor, Ramiro Román afirmó que sus defendidos sí podrán salir del país en caso de recibir el asilo e insistió que no cometieron delito. “El Fiscal dijo que violaron el reglamento de funcionamiento de la veeduría, al haber entregado el informe final a la Contraloría y no al Consejo de Participación Ciudadana. Pero el Contralor preside la Función de Transparencia y Control Social”, explicó.

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