24 de June de 2012 00:04

‘Desde varios frentes está bloqueada la fiscalización’

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Intentan ser una especie de ‘sabuesos’ de la Asamblea. Siempre van tras un caso, según ellos “de corrupción”, por incumplimientos en los procesos de contratación pública, por mal uso de recursos del Estado... Así que ocupan algo de su tiempo solicitando información a ministerios y dependencias.

Para el oficialismo solo son “denunciólogos”, que buscan escándalos, para ganar espacios en los medios de comunicación.

Ellos solo cumplen con una de sus funciones: fiscalizar. El art. 75 de la Ley Legislativa les da la facultad de requerir información de los ministros, del Consejo Electoral, Transparencia, Procuraduría, Contraloría...

Nívea Vélez (Municipalista) encabeza el ‘ranking’ de los asambleístas que más solicitudes de información han enviado. En el primer período legislativo: del 2009 al 2010 presentó 646 pedidos, más del doble que María Paula Romo, ex oficialista. Y en el 2011 hizo 625 pedidos, tres veces más que Andrés Páez (ID), el siguiente en el listado (ver tabulado).

Vélez también fiscaliza contratos viales y obras que tienen que ver con Loja, su provincia. Pero ha centrado su atención en un tema: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Por eso, en entrevista con algunos medios de comunicación, Ramiro González, presidente del Directorio del Seguro Social, dijo que ella está“obsesionada” con él. Y comentó que cierta vez tuvo que poner a 20 personas a responder sus inquietudes.

Ella descarta que haya algo personal en su interés. Pero indica que es complejo fiscalizar a la entidad. La Asamblea no puede enjuiciar políticamente a su titular, según dice la Constitución.

El miércoles, en su oficina, en el edificio Alameda, en la av. 10 de Agosto y Santa Prisca, Vélez apareció rodeada de carpetas con documentos. El 13 de este mes le solicitó a González certificar que no ha respondido a 20 petitorios, enviados desde el 20 de septiembre del 2011. Quiere acudir a un Juzgado de lo Civil y, valiéndose de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, exigir que le contesten.

Cuenta que en los próximos días se subastará el Hotel Quito, que se invitó a tres oferentes, por lo que pidió detalles de cómo se los escogió. Y está frustrada porque no le han respondido. Tampoco le han pasado documentación sobre los contratos con clínicas privadas y farmacéuticas...

Andrés Páez también se queja de que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no le entrega el listado de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. “Varios delincuentes, liberados sin cumplir una sanción, lo reciben”, señala y apunta que sus tres asesores le ayudan a contrastar los datos, “aunque luego las denuncias quedan en el aire”. Igual comentario hace Galo Lara (PSP), quien afirma contar con un equipo de 16 personas pagadas por él, dedicadas a seguir todas las pistas que le dan...

¿Pueden los funcionarios no contestar los requerimientos de los asambleístas? La Ley Legislativa establece un plazo de 15 días, para que les respondan.

De no ser así deben trasladar el caso al Presidente de la Asamblea, para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remita la documentación a una mesa. Entonces, esta requerirá por escrito al funcionario que conteste, y le hará comparecer en 15 días. No hacerlo es causal de juicio político.

Vélez se queja porque en la Presidencia de la Asamblea alguien se encarga de telefonear e insistir a los funcionarios para que respondan. Así les evitan ser convocados a la Asamblea.

Este Diario no pudo obtener la versión de Cordero, pues está en Brasil, desde el jueves 14.

Pero, Marco Murillo (Alianza Libertad), integrante del CAL, coincide en la idea de que la fiscalización está bloqueada desde varios frentes en el Legislativo.

No solo en la mesa de Fiscalizacióhn, que archiva los pedidos de juicio político. Dice que a él un alcalde jamás le entregó los informes y que desistió de seguir el procedimiento porque ha visto que estos trámites se acumulan en el CAL. Y que además al ser pasados a comisiones con mayoría de Alianza País, la medida pierde efectividad.

Para la socialista Silvia Salgado, presidenta de la Mesa de Fiscalización, un problema es la falta de analistas especializados en leer datos técnicos. Admite que muchos funcionarios “juegan al gato y al ratón” y al pedirles informes sobre la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, por ejemplo, mandan el contrato, pero no el adéndum y muchos datos que un político no puede descifrar.


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