Los empleados y periodistas de la revista Vanguardia trabajarán normalmente mañana. El deseo es que el embargo, ordenado por el Fideicomiso No Más Impunidad, no afecte sus actividades.
La tarde del viernes pasado, funcionarios del Fideicomiso y un grupo de policías del Grupo de Intervención y Rescate acudieron a la sede del medio de comunicación para embargar sus bienes. Ellos cumplían una disposición del Juzgado de Coactivas del Fideicomiso por el supuesto no pago de USD 14 560, correspondientes a 13 meses de renta.El edificio donde tiene sus oficinas Vanguardia pertenecía al Banco de Préstamos, una de las entidades que quebró durante la crisis de finales de los noventa. Ese inmueble es administrado por el Fideicomiso No Más Impunidad, que está a cargo de Pedro Delgado, primo del presidente de la República, Rafael Correa.
La Gerencia de la Revista aseguró que los rubros del arriendo (1200 mensuales) han sido cancelados, a través de un Juzgado de Inquilinato. Además, que, según la providencia, tenía tres días más para pagar ese dinero. Sin embargo, se ejecutó el operativo.
Para el editor de Vanguardia, Juan Carlos Calderón, hubo en exceso de fuerza, sobre todo al intentar requisar a los periodistas y llevarse las computadoras donde había información de su trabajo.
“La Gerencia va a resolver primero el asunto administrativo, es decir, recuperar los equipos sobre todo, por la información que contienen”, manifestó.
Calderón dijo que, además, se analizarán demandas por una supuesta violación al Código Civil, que prohíbe el decomiso de herramientas de trabajo al deudor. Pese al embargo, la revista circula hoy normalmente, con un tema sobre la seguridad (ver facsímil).
El periodista aseguró que el área de contenidos trabajará normalmente y que luego se realizará un peritaje. Constatarán que no se hayan manipulado los equipos de la revista que fueron embodegados por el Fideicomiso.
Por su parte, Pedro Delgado descartó que el embargo haya sido una acción política ni un hecho aislado. “Son varios casos donde estamos tomando control de estos bienes”, señaló a El Ciudadano, un medio del Gobierno.
Ni el presidente Correa, en su enlace sabatino, ni el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se han pronunciado sobre el embargo a la revista. Calderón dijo que no puede adelantar un criterio sobre si el operativo fue una represalia por publicaciones. “Espero que sea un error administrativo y no una persecución”.
Delgado recalcó que el 11 de noviembre de 2009, la AGD le notificó a este medio que debían salir de la casa porque no tienen un contrato actualizado.