10 de March de 2012 00:36

Él utilizó al transporte como un arma política

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El uso político de un organismo que debiera ser netamente técnico, como la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fue evidente esta semana. Las movilizaciones y marchas en contra del Gobierno que se programaron en ciudades de la Sierra y Amazonía, principalmente Zamora, tuvieron un traspié con una decisión generada desde este ente gubernamental.

Como un mecanismo para afectar el desplazamiento de las organizaciones participantes, indígenas, movimientos y partidos políticos, desde Zamora Chinchipe hasta Loja, primer tramo del recorrido, el titular de la ANT , Mauricio Peña Romero, emitió un memorándum, con fecha 6 de marzo, en el que pide la coordinación de tres disposiciones.

Desde esta fecha se prohibió la emisión de salvoconductos para las unidades interparroquiales e interprovinciales, de permisos para el abandono de frecuencias durante marzo y, por último, la obligación de la Policía de controlar que ninguna unidad preste servicios por fuera de las frecuencias autorizadas.

Con esta decisión, Peña impidió el desplazamiento en unidades de transporte interparroquial e interprovincial hasta Loja. Esto ocurrió a sabiendas que los participantes de la ‘Marcha Plurinacional por la vida, la democracia, la defensa de nuestros recursos naturales’ iniciaban su recorrido de la provincia amazónica a Quito, cuyo arribo está previsto para el 22 de este mes.

La disposición fue acatada en forma inmediata, el mismo 6 de marzo, César Freire, director de la ANT en Zamora Chinchipe, comunica la negación de salvoconductos “con el fin de precautelar la adecuada movilidad de los ciudadanos...”.

Esto obligó a que se utilicen otros medios de transporte, como vehículos privados, o que los manifestantes caminen varios tramos. Y como la medida tiene un efecto nacional, incidirá en el desplazamiento de otros grupos sociales que tenían previsto incorporarse a lo largo de la ruta, especialmente en las capitales de provincias de la Sierra, tanto norte como sur. El desplazamiento será hasta el 22 de este mes, fecha prevista para llegar hasta Quito.

El uso político de la medida se evidenció también cuando el memorándum no tuvo efecto para las unidades que transportaron a simpatizantes del Gobierno Nacional e integrantes de las regionales del movimiento oficialista Alianza País.

Esto fue evidente la mañana del jueves en la avenida Velasco Ibarra, ex Oriental, a la altura del barrio San Juan Bosco. En este tramo, a eso de las 09:00, una columna de unidades de transporte de varias provincias se desplazaba lentamente con dirección al sector del coliseo General Rumiñahui. En este sitio dejaban a los simpatizantes del Gobierno y, posteriormente, buscaban un sitio para estacionarse. Unos lo hicieron en las afueras del velódromo Luis Recalde y en otros sitios de la ciudad, como Cusungo, en la autopista General Rumiñahui, sur de la ciudad.

Estacionadas en estos sitios se podían observar a las unidades de las cooperativas Cevallos, Olmedo, Ventanas, Trunsa, Bolívar, Carchi, Olmedo, entre otras.

La inmediatez de la medida contrasta con la lentitud en otras acciones que están pendientes por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. A estos temas muchas veces se ha referido Guillermo Abad, integrante de la organización ciudadana Justicia Vial.

Pero, primero, aclara que la supuesta sanción referida (revocatoria del servicio de operación) en el memorándum enviado por Mauricio Peña es inaplicable, porque hay una inobservancia de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, por parte de las autoridades.

Esto se da porque las rutas y frecuencias debieron ser revertidas al Estado el pasado 31 de diciembre del 2011. Entonces, la figura de la frecuencia no existe desde esa fecha, así que no hay cómo sancionarle. Además, aclaró, que la reversión se da, según la Ley, cuando el interés ciudadano se ve comprometido, como son los accidentes de tránsito y, en este caso, esto no ha ocurrido. “Lo que aplicaría es una multa por haber dejado el servicio de manera injustificada”, dijo.

Tampoco que ha cumplido con la exigencia de la ley de que todos los operadores de transporte afilien al IESS a sus conductores. La medida está vigente desde el 29 de junio del 2011. Sin embargo, solo un 20% de conductores han sido registrados en la seguridad social del país. Esa falta, dice la Ley, es causal para retirar el permiso de operación.

Aún no se concreta la recategorización y revaluación de los choferes profesionales. Solo se ha hecho el anuncio.

¿Quién es?
Desde el 14 de noviembre del 2011, Mauricio Peña fue designado director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Fue viceministro de Coordinación de la Producción, Empleo, entre otros cargos.

¿Qué hizo?
Con un memorándum  prohibió la emisión de salvoconductos para las unidades interparroquiales e interprovinciales impidiendo así que la marcha contra el Gobierno utilice estos medios de transporte.

¿Qué dijo?
En el memorádum señaló que queda prohibida  la emisión de salvoconductos para las unidades interparroquiales e interprovinciales, también de  permisos para el abandono de frecuencias en marzo.

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