Tres secuelas que deja el caso de Cléver Jiménez

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Estefanía Celi R. y Santiago Estrella G. Redactores

La bancada de Pachakutik y las demás agrupaciones de oposición intentarán incorporar en el orden del día del Plenario de la Asamblea, que se realiza hoy, el tema de Cléver Jiménez y la principalización de Milton Gualán.

El martes, el Consejo de Administración Legislativo (CAL) avocó conocimiento de la pérdida de los derechos ciudadanos de Jiménez por haber sido sentenciado penalmente a 18 meses de prisión por haber injuriado al presidente Rafael Correa. Por ello, resolvió principalizar a Gualán. Pero esta decisión no fue aceptada por el movimiento del cual es -o fue- legislador Jiménez y menos por Gualán, quien dijo que se mantendrá como alterno. Su explicación es que el CAL no tiene la potestad para resolver sobre la salida de un asambleísta y menos posesionarlo.

Sin embargo, desde el bloque de Alianza País, las posiciones son distintas. Para Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea, la decisión no tiene vuelta atrás.

Tres aristas tiene el caso de Jiménez. Por una parte, está el futuro de la inmunidad parlamentaria, como mecanismo de protección en la tarea fiscalizadora. También, la no aceptación del Estado ecuatoriano a respetar la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y, finalmente, el impacto político y de imagen que acarrearía la protesta de los grupos sociales, ante la opinión público, frente a este caso.

La inmunidad parlamentaria queda en entredicho para el futuro

Virgilio Hernández, uno de los principales asambleístas del oficialismo e integrante del CAL, reconoció que hubo dudas en la Asamblea sobre el caso Jiménez y el futuro de Milton Gualán. Por eso ni en la Comisión de Soberanía, que integró Jiménez ni los legisladores supieron cómo resolverlo hasta el martes pasado en que el CAL tomó cartas en el asunto.

Pero lo hecho con Jiménez deja abierto un debate: ¿cuál es el futuro de la inmunidad parlamentaria cuando los legisladores se benefician de ella para impulsar su papel fiscalizador y de control político? El artículo 128 de la Constitución sostiene que ningún asambleísta será responsable civil ni penalmente por las opiniones que emita durante su período dentro o fuera de la Asamblea. Para ello, deberá contar con la aprobación del Pleno, algo que no ocurrió en el caso de Jiménez.

Para Hernández se hace necesario replantear los alcances y los límites de la inmunidad parlamentaria. Y que a eso debe apuntar las discusión parlamentaria. Él y sus demás compañeros de Alianza País consideran que la "injuria" de Jiménez es algo "demasiado grave" porque lo había acusado de delitos de lesa humanidad en la noche del 30 de septiembre del 2010.

Pero para Mae Montaño, de Creo, esto es algo mucho más grave y comenzaría a significar un freno en el trabajo encomendado a todo legislador. Lo que se ha hecho es un mecanismo de "silenciamiento para la indefensión de los asambleístas", dice.

La causa puede subir a la Corte Interamericana de DD.HH.

La respuesta del Estado ecuatoriano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue no acoger las medidas cautelares que este organismo internacional otorgó a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, aseguró ayer que se había pedido la Comisión, incluso, la revocatoria de las mismas.

Sin embargo, la defensa de Jiménez ve este pronunciamiento como un aliento para que la CIDH pase el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Julio César Sarango, abogado defensor de los acusados, aseguró que enviarán un exhorto.

Juan Pablo Albán, exfuncionario de la CIDH, aseguró que incluso la principalización del asambleísta alterno de Jiménez, puede contribuir para la remisión del caso ante la Corte, a fin de que esta dicte medidas provisionales. "La negativa de cumplimiento de las medidas cautelares obliga a la Comisión a tomar una medida más agresiva, que sería pasar el caso a la Corte". No obstante, Albán señala que los tiempos de trámite son mayores en la CorteIDH. En el oficialismo, se niegan aún a hablar sobre esta posibilidad. La vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga, aseguró que no hay que adelantarse a los hechos y que se pronunciarán a su tiempo si a la Corte llega el caso.

Un hecho reciente fue el fallo de esa Corte contra el Estado por la destitución ilegal de los jueces en el 2004.

Este juicio incomoda políticamente a la imagen del Régimen

Una carta firmada por ocho senadores de Estados Unidos fue enviada el martes al presidente Rafael Correa, que está de visita en ese país. En ella, se muestran preocupados por la sentencia contra Jiménez y por los "repetidos esfuerzos" del Gobierno ecuatoriano para "menoscabar" a la CIDH y sus relatorías.

A criterio del catedrático y analista político Jorge León, esta es una respuesta que muestra cómo este tema repercute negativamente en la imagen del Gobierno de Correa. "Una vez que se multiplican estos casos de represión, esto configura una idea de un régimen autoritario, y esto se vuelve complicado para Correa".

El analista señala que además en este contexto, cualquier acto de represión del Gobierno se convierte en objeto de mofa. "La protesta revierte los símbolos de la autoridad, es decir que los contestatarios se burlan de las afirmaciones de Correa".

León se refiere específicamente al caso de la vaca que circula por el país, en la que se recolecta un dólar por persona para completar la indemnización de USD 140 000 que ordenó la jueza Lucy Blacio dentro de la sentencia por injurias.

La vaca ha recorrido hasta ahora el interior de Zamora Chinchipe, a la que representa Jiménez en la Asamblea. Fanny Campos, coordinadora de Pachakutik, informó que hasta el lunes se prevé tener un cronograma de las provincias que va a visitar la vaca antes de llegar a Quito, en donde el dinero se entregará a Correa.

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