21 de January de 2011 00:00

‘Un trámite burocrático’ paró el concurso del Consejo de la Judicatura

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En un reducido espacio en el mezzanine del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se reunieron cinco comisionados elegidos para designar a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) .

No fue una sesión formal ni reconocida legalmente. La razón: este equipo no puede conformar una mayoría (seis de 10) para empezar con sus funciones ordinarias. No pueden principalizar a los suplentes por la ausencia de los vocales principales ni escoger a su presidente y vicepresidente.

La complicación se debe a que están ausentes los otros cinco delegados de las Funciones del Estado, quienes también integran esta comisión ciudadana de selección, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Consejo de Participación. Los ausentes son: Fausto Segovia (Función Legislativa), María Daniela Idrovo (Función Ejecutiva), Wagner Mantilla (Función Electoral), Carla Espinosa (Función Judicial) y Juan Carlos Intriago (Función de Transparencia o Quinto Poder).

Nadie, en el Consejo de Participación, da razón sobre ellos. Pero su inasistencia e incumplimiento son el argumento que Mónica Banegas, Fernando Cedeño y Marcela Miranda (con voto dirimente) esgrimieron el miércoles para rechazar la convocatoria al concurso de oposición y méritos para escoger a los miembros del Consejo de la Judicatura.

Cuatro de estos cinco delegados asistieron al taller de capacitación que se realizó el martes y el miércoles para explicarles su función dentro de este concurso. A los delegados del Estado, además, se les notificó sobre los requisitos que debían cumplir para ser posesionados: asistir al taller de capacitación y entregar declaración juramentada de bienes.

Pero en la sesión del miércoles, donde iban a ser posesionados, ninguno de los cinco asistió. Su ausencia despierta suspicacias en el consejero David Rosero. Asegura que hay una especie de boicot a este proceso que se da al mismo tiempo que la Corte Constitucional analiza la validez de las preguntas propuestas por el Ejecutivo para la consulta popular. Entre ellas, se plantea la creación de una comisión tripartita que reemplace y reorganice al Consejo de la Judicatura por 18 meses.

Para el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, todo se debe a un simple problema administrativo. Él asegura que sus delegados han asistido a los talleres de capacitación y cumplieron con los requisitos. “No fueron a posesionarse porque desde el Consejo de Participación no se ha enviado un oficio formal pidiendo la comisión de servicios para los delegados”.

El argumento de Simon coincide con el del titular de la Legislatura, Fernando Cordero. Él envió el miércoles una carta, de seis páginas, a la presidenta Miranda.

Cedeño y Banegas, por su parte, creen que el formalismo en el que se escudan Simon y Cordero está demás, porque basta la notificación que los delegados ya habían recibido con las disposiciones.

Gisela Morán, una de las delegadas ciudadanas que sí asistió dice que “está claro que hubo un sabotaje”. “Los comisionados de parte del Estado no asisten y sin ellos no podemos avanzar”.

La consejera Banegas insiste en el reglamento de comisiones ciudadanas para explicar que esta instancia debe estar compuesta por cinco delegados de las funciones del Estado y cinco ciudadanos. “Solamente estaban cuatro para actuar, así no se podía hacer la convocatoria” .

Como sanción a los inasistentes, Banegas plantea la posibilidad de destituirlos. Aunque la presidenta del Consejo ni otro consejero da respuesta sobre cómo destrabar este lío burocrático que ha tomado dimensiones políticas. Nadie garantiza que los delegados vayan a presentarse, si no se hace el trámite administrativo. La consejera Andrea Rivera considera en cambio que las atribuciones del Consejo de Participación estarían siendo vejadas por una mayoría dentro del Consejo.

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