31 de March de 2011 00:00

El ‘testigo protegido’ del caso Araujo recibió un empleo en el Gobierno

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El presidente Rafael Correa dio la noticia: hay una prueba de oro en el proceso contra el mayor (r) del Ejército, Fidel Araujo. “Ya tenemos un testigo de cómo quiso pagarle para que dispare contra el Presidente, un testigo que ya dio su testimonio con firma y todo”.

Así se pronunció en su enlace del 23 de octubre, tres semanas después de la revuelta de los policías y militares en el país. Correa estaba molesto y aseguraba que ese testimonio revelaba el complot para matarlo. Seis meses después del 30-S, el testigo protegido terminó recibiendo un trabajo del Gobierno, a pesar de que la Fiscalía descartó su versión.Se trata de José H. (nombre protegido). Cuando conversó con este Diario se lo notaba angustiado y nervioso. Su relato empieza al mediodía del 30-S, cuando “su vida cambió”. Ese día estaba cerca del Regimiento Quito, donde ocurría la dura protesta de los policías contra el Régimen.

Por curiosidad se quedó cerca del cuartel. En ese lugar -recuerda- un hombre le pidió que le tomara una foto al Mandatario y que por eso se ganaría USD 5 000. “Me di cuenta que dentro de la cámara estaba un arma. Entonces, lancé la cámara y me fui”.

José H. dice que no sabía quién era el hombre de la propuesta, pero que lo reconoció en la TV: era Fidel Araujo. “Fui a la Presidencia de la República y el señor Francisco Latorre me llevó a la Fiscalía para que declarara”.

El 7 de octubre estuvo en el despacho del fiscal Miguel Jiménez. Al inicio, su versión fue un pilar en la demanda contra el militar retirado, ex colaborador de Lucio Gutiérrez. El juicio en su contra es por, supuestamente, haber incitado a la rebelión de los policías.

Con el paso de los días, el testimonio de José H. se fue desinflando y perdió peso para la Fiscalía. El 11 de noviembre se retractó al decir que no conocía a Araujo.

Luego, José H. dijo que cambió su testimonio por miedo a represalias, por lo que la Fiscalía lo incluyó en el Plan de Protección a Testigos, donde permaneció cinco meses en esa unidad destinada a brindar una custodia especial a víctimas de delitos o a personas con testimonios relevantes.

Para José H., el tiempo que pasó en este Plan no lo ha beneficiado. El miércoles 16 de marzo esperaba impacientemente al fiscal general Washington Pesántez para denunciar una supuesta extorsión que vivía por parte de los funcionarios del Gobierno.

El testigo dice que empleados de la Secretaría Nacional del Agua le exigieron USD 2 000 para darle un trabajo. En sus manos llevaba, como evidencia de su relato, una carpeta con documentos de la Presidencia de la República y tarjetas de presentación de funcionarios de la Secretaría.

“Lo tengo grabado”, prometía José H. al contar de la supuesta coima que debía pagar. “No he recibido seguridad. Lo único que quiero es tener una vida normal y un empleo”, recalcaba.

José tiene 26 años y antes del 30 de septiembre era un guardia de seguridad privada. No tenía trabajo y su deseo era regresar a Guayaquil, donde vivió desde niño.

Hasta las 20:30 del 16 de marzo, esperó al fiscal Pesántez. Él no lo atendió personalmente pero envió a un funcionario de esa dependencia. Según su declaración, José H. solamente pidió que se concretaran las promesas para su seguridad, obviando por completo la presunta extorsión.

Esa visita preocupó a la Fiscalía. Al día siguiente, Francisco Latorre, asesor del Mandatario, visitó a Pesántez en su despacho, ubicado en las avenidas Eloy Alfaro y República, en el norte de Quito.

Fuentes de la Fiscalía informaron que las versiones de José han causado inquietud, pues sus relatos son un vaivén de versiones impredecibles y contradictorias.

Pesántez confirmó haber conversado con Latorre, porque le preocupaba el caso de José H. “Ingresó al Plan de Protección de Testigos y desde entonces se le buscó un trabajo para ayudarle”.

El Ejecutivo -dice Pesántez- autorizó que se lo colocara en la Secretaría del Agua para que empezara a trabajar. Sobre la denuncia del testigo, Mauricio Tayupanta, funcionario de esa dependencia, sostiene que la versión sobre la supuesta coima que debía pagar para trabajar es “absolutamente falsa”. El funcionario explica que se lo ayudó para que trabajara en el proyecto de dragado que se cumple en Salitre, en Guayas. “No tiene una preparación técnica, es un bachiller, pero en la Secretaría del Agua lo han ayudado”.

Rocío Morales, jefa de la oficina de la Secretaría en Guayas, confirmó que desde el martes de la semana pasada, el testigo trabaja como ayudante de draga, con un salario promedio de USD 500.

“Venía recomendado de la Presidencia. En la primera entrevista se portó malcriado, quería saber cuánto iba a ganar y decía que quería hablar con Francisco (Latorre) de la Presidencia. Luego aplicó para el cargo y ganó. Ahora está trabajando normalmente”.

Hasta el viernes pasado, el fiscal Pesántez sostuvo que no había ninguna información de la denuncia de José H. contra los empleados de la Secretaría del Agua. “No ha dicho nada sobre ese tema. Esa denuncia hay que tomarla con cuidado. También informó que querían matar al Fiscal”. Todo esto sin pruebas.

Si hay tanta preocupación por las contradicciones de José H., ¿por qué se lo escogió como testigo? Pesántez dice que “el fiscal (Miguel Jiménez) tomó su versión y, según me dijo, había detalles que concordaban con los hechos que ocurrieron el 30-S”.

Pero con el paso de las semanas, el testimonio de José H. fue descartado del dictamen acusatorio contra Fidel Araujo. Tampoco aparece en el llamado a juicio que hizo el juez décimo de Garantías Penales de Pichincha, Luis Tipán.

En la Fiscalía hay la sospecha de que José H. miente. Sin embargo, sigue como testigo protegido, según lo confirma Víctor Herdoíza, funcionario de esa dependencia.

El abogado de Araujo, Édgar Pavón, manifiesta que la Fiscalía ha ocultado a José H. para que no volviera a declarar en el juicio, pues conoce que su atropellado testimonio terminará favoreciendo a su defendido. Por eso pidió su comparecencia en la audiencia de juzgamiento, pero la Policía le informó que no pudieron ubicarlo. “El Presidente habló de un testigo con firma y cédula. Ahora deben presentarlo”.

Los hechos

El 30 de septiembre. El presidente Rafael Correa intentó calmar la queja de los policías en el Regimiento Quito. Su discurso no convenció a los gendarmes, fue insultado y atacado. Fue atendido en el Hospital de la Policía y liberado en un operativo militar.

La detención. El 5 de octubre pasado, Fidel Araujo fue detenido por pedido de la Fiscalía. Un día después (foto) se realizó la audiencia de formulación de cargos en su contra, en la cual se ratificó su arresto, pedido por la Fiscalía de Pichincha.

En el Centro de Detención Provisional. Cinco meses ha permanecido Fidel Araujo recluido en esa prisión del centro de Quito. Esta fotografía fue tomada el 28 de diciembre del año pasado, en el patio del Centro de Detención. Su juicio aún no se define.

En la Fiscalía. José (el testigo protegido) fue a la oficina de las avs. Eloy Alfaro y República, para presentar una denuncia porque supuestamente se le pidió USD 2 000 para que entrara a trabajar en la Secretaría del Agua. Funcionarios de la entidad lo niegan.

La declaración. El 7 de octubre, José dijo que Araujo le pidió que tomara una foto de Correa, pero se dio cuenta que en la cámara que le dio había un arma. Luego, cambió de versión y dijo que no conocía a Araujo. Él dice que lo hizo por temor.

El acusado. Fidel Araujo estuvo en el exterior del Regimiento. Para la Fiscalía esa es una evidencia de su participación en la rebelión.

En el Enlace Ciudadano. El 23 de octubre, el presidente Rafael Correa aseguró que hay evidencia contra Araujo. Sostuvo que había un testigo que aseguraba que Araujo intentó pagar para que fuese asesinado el 30-S.

Los pedidos de libertad. La defensa del mayor (r) del Ejército ha solicitado a un juzgado y a la Corte de Pichincha su liberación. Estos pedidos no han sido aceptados por los jueces. El último intento fue el 15 de febrero pasado.

El llamado a juicio. En el auditorio del Palacio de Justicia de Quito se cumplió la audiencia contra Araujo.

El juez Décimo de Garantías Penales, Leonardo Tipán, dio aval al juicio.

Su familia se quejó del fallo.

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