8 de May de 2012 00:01

Una tesis de grado se convirtió en un instrumento contra la prensa

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Paúl Bonilla, estudiante de posgrado de la Flacso, pidió al Régimen, en noviembre, que le ayudaran a financiar 292 encuestas, que le servirían de sustento documental en su tesis de grado.

De inmediato, la Secretaría de Comunicación le dio su respaldo y dispuso la contratación de la firma de Santiago Pérez, por USD 16 000, para que ejecute el trabajo de campo de la tesis de Bonilla.

¿Por qué el interés del Gobierno? La tesis se trata sobre la situación laboral de los periodistas en Quito. Aquí se incluyeron temas como los salarios de los trabajadores de los medios, la afiliación al Seguro Social, la existencia o no de autocensura en los medios y la percepción de la libre expresión.

Pero el Ejecutivo fue más allá. Dispuso que las encuestas se realicen también a 200 periodistas de Guayaquil. Además, puso como condición que se incluyan cuatro preguntas más a las 74 planteadas por Bonilla.

Estas se referían a si el juicio en contra de los directivos de diario El Universo es una amenaza a los periodistas; si los dueños de los medios utilizan “el discurso de la amenaza a la libertad de expresión para defender sus intereses”.

La tercera interrogante se refería a si el Presidente “busca mejorar las prácticas periodísticas” de los medios. Y, finalmente, si estaban de acuerdo con las expresiones de organismos internacionales sobre las amenazas a la actividad periodística en el Ecuador.

“Los datos son para mi tesis, pero la información estadística, ellos (la Secom) la contrataron y pueden disponerla a través de Santiago Pérez”, señaló Bonilla.

Según el académico y estudiante, acudió al Régimen porque “el periodismo es un tema de interés permanente para la Secom. Tenía que ver a una institución que pudiera pagar las encuestas”.

Esto, a pesar de que está consciente de que su trabajo puede ser usado políticamente en la disputa que mantiene el Ejecutivo con la prensa. “Pues sí, por supuesto que lo sé. Y los resultados aunque los hubiera pagado la Aedep (Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos) no iban a variar. Expresan que a los periodistas los explotan”, señaló.

Para el Gobierno, este estudio “buscó también desmitificar la sensación construida desde los intereses políticos de ciertos propietarios de medios, sobre una supuesta amenaza de las libertades y censura previa o autocensura. Los resultados concluyeron con la reafirmación de una plena libertad de prensa y expresión, pero también, lamentablemente verificó mecanismos de censura previa al interior de esos medios, generalmente por presión de sus anunciantes y por intereses de dueños de algunos medios”, explicó Patricio Barriga, subsecretario de Comunicación Política.

Según un periodista y un camarógrafo que fueron encuestados y que pidieron la reserva, entre las presiones de los anunciantes constan las del Gobierno, que es el principal cliente de los canales de televisión.

Aseguraron que cuando fueron consultados se les mostró una carta enviada por Bonilla, en la que se explicaba que era una investigación para la Flacso, mas no que era auspiciada por el Gobierno.

Barriga insistió que “estos datos nos sirven para establecer los lineamientos para una política pública orientada a democratizar la comunicación y optimizar el acceso a una información de calidad. Asimismo, para enfrentar el facilismo de acusar al Gobierno como único factor de obstáculo a una supuesta falta de libertad”.

Este argumento fue rebatido por Guadalupe Fierro, vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP). “La encuesta es parte de una campaña dirigida, con el objeto de crear conflictos al interior de los medios. Hay una mala intención en lo que se hizo. Si se quería consultar sobre autocensura, por qué no se preguntó lo que se pensaba del juicio a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita”. Ambos fueron procesados por el Presidente, por su libro ‘El Gran Hermano’.

Las cifras de S. Pérez

El  9 de marzo pasado  se suscribió el contrato entre la Secretaría de Comunicación de la Presidencia  y la empresa del encuestador  Santiago Pérez.

Pérez es el principal  encuestador que hace trabajos para el  Gobierno. Trabajó con el Régimen en un ‘exit poll’ durante la consulta popular del 7 de mayo del 2011. Sus resultados  no coincidieron  con los del conteo oficial.

El 5 de abril, el Régimen  decidió contratarlo nuevamente para que realice un programa de sondeos de opinión ciudadana destinado a la formulación de estrategias de comunicación, información, imagen y publicidad comunicacional del Gobierno. El contrato es por  USD 65 000.

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