21 de March de 2012 00:01

2 temas de la marcha preocupan a CIDH

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La criminalización de la protesta social, la explotación de recursos naturales en zonas de hábitat de comunidades y pueblos indígenas, son dos de los temas que tiene pendientes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La Comisión ha observado que el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos (...) , ha sido sensiblemente obstaculi-zado en algunos Estados. Líderes indígenas, defensores del medioambiente, estudiantes, han sido afectados a través de asesinatos, agresiones, amenazas, represiones a la protesta social pacífica, así como señalamientos de altas autoridades con el objeto de desprestigiar y estigmatizar su labor”, señaló José de Jesús Orozco, durante su posesión como nuevo presidente de la CIDH.

Este ha sido uno de los temas que más polémica despertó el año pasado entre las organizaciones indígenas, que incluso acudieron ante el organismo internacional para presentar sus quejas. Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunciaron que son supuestas víctimas de persecución, por parte del Gobierno, por los procesos judiciales que se iniciaron en su contra por las protestas en contra de la Ley de Aguas, en el 2009.

Según explicó la Subsecretaria de DD.HH. del Ministerio de Justicia, María del Carmen Jácome, el Estado no ha restringido las protestas. Y aseguró que la movilización que llegará a Quito mañana podrá ingresar sin problema, siempre y cuando sea pacífica y no vulnere los derechos del resto de ciudadanos del país.

“Es un tema político y en contra del Gobierno, pero no habrá ningún tipo de represión”, manifestó la Subsecretaria de Estado.

La CIDH, además, mostró su preocupación por la falta de interés de los estados en proteger los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Así, Orozco destacó la necesidad de respetar los territorios ancestrales, incluso por encima de la explotación de recursos naturales.

“Los estados tienen la obligación de consultar previamente a los pueblos indígenas y tribales, y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte a sus territorios”, señaló Orozco.

Este es otro de los temas que las organizaciones de izquierda reclaman. Tanto la consulta previa como la criminalización de la protesta forman parte de las consignas de la Marcha por la Vida.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoce la obligación de realizar una consulta previa, pero que está a cargo del Ministerio de Recursos No Renovables, como órgano gestor de la explotación minera.

Orozco reemplaza a Dinah Shelton, quien siguió de cerca las denuncias hechas por los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita; así como de los directivos de diario El Universo, sobre la situación a la libertad de expresión en el Ecuador, por los juicios penales que el presidente Rafael Correa siguió en su contra.

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