La presunta alteración de notas en el concurso para seleccionar a los vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), habría beneficiado a tres candidatos que han desempeñado funciones en instituciones del Estado. Y a una funcionaria que fue asesora jurídica de la Presidencia.
Angelina Veloz Bonilla, según la denuncia de tres comisionados ciudadanos encargados de la selección en este concurso , antes de la prueba de conocimientos, no figuraba entre los 10 primeros lugares. Pero que luego de la prueba escrita ingresó a esa lista. Esta funcionaria trabajó como asesora del despacho Presidencial entre junio del 2008 y diciembre del 2011.
Otro de los beneficiados de la supuesta alteración de puntajes fue Miguel Pérez Astudillo. Según su hoja de vida fue asesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que es la entidad que ampara este concurso. Laboró en el MIES de Cotopaxi.
Óscar Williams Altamirano es el tercer caso. Él trabajó en la Senatel, entre febrero del 2007 y julio del 2008. Entre febrero del 2009 y enero del 2012 fue asesor de la Superintendencia de Telecomunicaciones, dirigida por Fabián Jaramillo, cercano a Correa.
El último funcionario es Guillermo González, ex vocal del TSE y quien solicitó a la Corte Constitucional haga una interpretación sobre la reelección presidencial.
Las críticas del concurso se dirigen a siete de los 10 comisionados encargados de seleccionar a los próximos jueces electorales.