3 de December de 2012 00:01

Los taxistas de tres ciudades no les dan atención prioritaria

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En Ambato, Tulcán y Quito se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, desde el sector de los transportistas. Eso concluyó la organización Gestión Ecuador, que ofrece el servicio de Taxi Solidario a esta población.

Uno de sus representantes, Arturo Moreno, contó que hace poco desarrollaron una veeduría al servicio de transporte en taxi para personas con discapacidad en las tres ciudades del país.

Su objetivo era conocer el servicio que brindan los transportistas a estos ciudadanos, en función de si detienen sus unidades cuando ellos lo solicitan. Y si les cobran tarifa preferencial del 50%.

Durante el estudio, realizado a base de muestras, los observadores se ubicaron en varios puntos de las tres ciudades. Colocaron primero a una persona en silla de ruedas y, a 4 metros de distancia, a una regular.

Según el estudio de Manuela Espejo, 107 522 personas tienen una discapacidad de tipo físico motriz de un total de 293 743 con diferentes deficiencias.

Según Moreno, cuando ambos ciudadanos intentaban tomar un taxi se confirmó que los transportistas prefieren a quien no tiene una deficiencia física.

La Ley de Discapacidades establece que se trata de un grupo de atención prioritaria. Por lo que evidenciaron la discriminación e incumplimiento.

En Quito, el 40 y 45%, de transportistas monitoreados no le pararon a la persona con discapacidad. Además, el 20% no cobró la tarifa preferencial.

Julio Mantilla es un ex piloto que vive en silla de ruedas tras un accidente. Considera que la nueva Ley puso la responsabilidad en los gobiernos locales sobre la accesibilidad que brinden sus ciudades. En Quito, según dice, las veredas no son amigables para personas como él o con discapacidad visual, por los obstáculos que se encuentran en el camino.

También reclama porque no se respetan los parqueaderos en centros comerciales y afirma que ha visto algunos autos con un adhesivo, que indican que el conductor tiene una discapacidad, para circular sin problemas, pese al pico y placa.

Dice que el salvoconducto lo debe emitir la autoridad de tránsito y que se debiera controlar el mal manejo de este.

Aunque no niega los avances debido a la inversión de recursos en el sector y a los programas, cree que hay que poner más atención a las barreras que aún tienen los planteles educativos. Observar por ejemplo si los baños cumplen las normas Inen, si hay ascensores y si hay intérpretes de lenguaje de señas y maestros que sepan braille.

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