24 de March de 2010 00:00

Los sobresaltos de una legislación autárquica

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Marco Arauz Ortega

El secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, y el legislador Rolando Panchana han desestimado el pedido de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para que la Asamblea apruebe una Ley de Comunicación ceñida al acuerdo legislativo que, a su vez, cita la normativa internacional sobre la libertad de expresión.

El otro pedido es que la Asamblea rechace el veto a la Ley de Participación Ciudadana, en cuanto pide que los medios privados rindan cuentas como si fuesen empresas públicas. La exhortación se fundamenta en los riesgos para la libre expresión que se derivan de calificar a la comunicación como un servicio público. Si se considerara pública toda actividad de interés general, entonces la lista de actividades que debieran rendir cuentas sería interminable.

Es llamativo que las razones esgrimidas por el funcionario y el asambleísta reivindiquen una visión autárquica de la legislación, como si el Ecuador no fuese firmante de convenciones mundiales absolutamente claras sobre la libertad de expresión. Esa idea fundacional ha llevado a los políticos a incursionar, desde Montecristi, en una legislación ideal pero poco práctica en aspectos tan diversos como la migración o los arbitrajes internacionales.

La confusión entre lo que significa una soberanía bien ejercida y la normativa mundial de la cual el Ecuador forma parte hasta cuando no la denuncie, ha llevado al país a constantes encrucijadas. No debiera preocupar tanto que sea la SIP la que resalte el marco mundial sobre los derechos de expresión y de opinión. El Gobierno y la Asamblea lo saben bien.

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