Un nuevo llamado a las instancias gubernamentales y estatales ecuatorianas realizó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante su última asamblea, en Bridgetown (Barbados).
Los representantes de los medios de comunicación del continente consideraron que la libertad de expresión está amenazada por las decisiones del Gobierno ecuatoriano por desconocer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la creación de un clima de deterioro de ella durante este último semestre, sobre todo desde que comenzó a funcionar la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom).
La resolución de la SIP sobre el caso ecuatoriano tiene cinco puntos. En uno de ellos insiste a la Corte Constitucional para que tome una decisión “en el menor tiempo posible”, sobre la demanda de inconstitucionalidad que algunos ciudadanos presentaron sobre la Ley Orgánica de Comunicación.
Su pedido es que se haga “una revisión integral de la ley para que, siendo un mandato constitucional, los contenidos se ajusten a la normativa interamericana sobre libertad de expresión”, dice el comunicado.
El otro aspecto importante es pedir a la Superintendencia de Información y Comunicación cese en su “hostigamiento a los medios privados ya que sus decisiones están abonando el terreno para afectar aún más las libertades de expresión y de prensa en Ecuador”.
Además de pedir al gobierno de Rafael Correa para que respete la competencia jurídica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo exhortó para que se abstenga de iniciar acciones legales por los delitos de injuria y desacato, “porque ello significa penalizar la libertad de expresión de los ciudadanos y perseguirlos por sus opiniones”.